Tratado UE-MERCOSUR: la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del campo

Hace apenas una semana, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunciaba el endurecimiento de los controles fronterizos para determinados productos, con el argumento de reforzar el tejido productivo frente a la entrada de productos en condiciones no adecuadas y que no cumplen la normativa europea. En suma, reforzar la vigilancia para “asegurar que se compite en igualdad de condiciones con los productos nacionales”. 

Eso es precisamente lo que quiere el campo. Por desgracia, Cuerpo no se refería al sector agrario, sino a proteger las producciones industriales de la competencia desleal de plataformas como Temu o Shein. Pero, sin duda, si este mismo criterio se aplicase al acuerdo UE-MERCOSUR, las tractoradas terminarían o, al menos, no serían tan numerosas. 

¿Por qué se rechaza el acuerdo con MERCOSUR? 

Desde SOS Rural, plataforma nacida hace tres años y que ha capitalizado las protestas del campo, el rechazo se resume en unos pocos puntos: 

• Falta de reciprocidad normativa, ergo competencia desleal: agricultores y ganaderos de la UE están sujetos a normas exigentes en cuanto a trazabilidad, bienestar animal, fitosanitarios, hormonas, sostenibilidad o derechos laborales. No se garantiza que eso mismo se vaya a exigir a los productos procedentes de MERCOSUR 
• Entrada de grandes contingentes de productos a menor coste, en el caso de carnes de vacuno, ave o porcino, y de miel, arroz, azúcar, cítricos… subsectores con escaso margen y donde una caída de precios sería el fin de las explotaciones familiares. Por ejemplo, en vacuno algunos países del bloque MERCOSUR prácticas de engorde que reducen tiempos y costes y que en la UE están prohibidas. 
• Riesgos sanitarios por mecanismos de salvaguarda reactivos y tardíos. Solo se actúa cuando el daño está hecho. No son preventivos. No hay un sistema homogéneo ni inspecciones sistemáticas y controles en origen. 
• Pérdida de soberanía alimentaria que implica dependencia frente a terceros (y ahí está el resultado por ejemplo de haber perdido soberanía energética) y también acarrea despoblación rural por abandono de explotaciones. 

Cierto es que no todos los subsectores agroganaderos resultarían perjudicados, incluso algunos se verían beneficiados. 

En el lado de los perjudicados estarían el vacuno de carne y la carne de ave y porcino, la miel el arroz, el azúcar o algunos cítricos (zumos), frutas y hortalizas frescas. Mientras, otros como el aceite de oliva, los vinos o los productos lácteos podrían resultar beneficiados. 

Pero, sobre todo, el acuerdo beneficiaría a sectores como el automóvil, maquinaria industrial o la industria química y farmacéutica, por lo que agricultores y ganaderos sienten que se les ha usado como moneda de cambio. 

No se rechaza la apertura de mercados, insisten desde SOS Rural, sino que esta apertura se financie a costa de los sectores más vulnerables del campo, los que más exigencia normativa y menos capacidad de trasladar costes al mercado tienen. 

Este análisis coincide esencialmente en lo reflejado en el estudio recogido por la Fundación de Estudios Rurales de UPA, que a su vez recoge la postura de COPA-COGECA, una visión donde además se reflejan las prevenciones o rechazos de organizaciones ecologistas y de defensa del consumidor de toda Europa. 

Algunas cifras 

Si en algo coinciden todas las partes es en que, globalmente, el acuerdo es en términos económicos positivo para ambas partes… si se ejecuta con las medidas debidas de control. 

Esto es fácil de deducir de un hecho: el pacto abriría para Europa un mercado potencial de 290 millones de consumidores que suman un PIB de 3 billones de dólares anuales. 

Pero, ¿y la parte negativa? Un buen reflejo sería el estudio de Diego Pazos, doctor en Economía Agraria y ganadero de vacuno, sobre el impacto precisamente en el sector de vacuno de carne. 

Según apunta Pazos, al comparar las condiciones estructurales, sociales, laborales y legislativas a ambos lados del Atlántico, la diferencia es esencial, y pone un ejemplo: la retirada obligada de cadáveres de animales en el campo que rige en Europa no se plantea en MERCOSUR, y eso supone un coste enorme. 

En euros, el autor del informe indica que la diferencia de costes por tonelada de carne en canal entre la UE y MERCOSUR es de 1.164,4 euros, algo que lastra la competitividad de los ganaderos europeos. Y eso que no se reflejan todos los sobrecostes (Cuadro 2) 

Qué debía contemplar el acuerdo 

Llegados a este punto, cabe preguntarse si, en el fondo, lo que pretenden agricultores y ganaderos es un cierre de fronteras, un proteccionismo a ultranza. Niegan la mayor desde SOS Rural, señalando un hecho: España es país netamente exportador y el sector agroalimentario en concreto vive en gran medida del comercio exterior. 

Por ello apuntan que un acuerdo que no contemplara las asimetrías del actual sería bien recibido, “porque lo de ahora no es libre comercio, es competencia desleal institucionalizada”. 

¿Y qué debería recoger el acuerdo? Lo resumen en cinco puntos: 

• Cláusulas espejo reales y vinculantes: obligación jurídica de impedir que entre cualquier producto que no cumpla los estándares europeos. 
• Controles efectivos en origen y frontera: inspecciones que garanticen la trazabilidad ANTES de que el producto llegue a la UE 
• Mecanismos de salvaguardia preventivos, no reactivos, y automáticos: no sistemas que se activen cuando el daño ya está hecho 
• Contingentes de entrada que protejan a los sectores sensibles, y se revisen en función del impacto en precios y rentas agrarias. 
• Evaluación continua independiente del impacto social, económico y territorial para, en su caso modificar lo que haya que modificar. 

En definitiva, reciprocidad, igualdad y protección preventiva. 

Por qué estalla el campo 

No, no se trata sólo de MERCOSUR, como reconocen en SOS Rural. Este acuerdo ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia. “El malestar del campo no nace con MERCOSUR, sería simplista decirlo. El sector agrario lleva años soportando una presión creciente derivada de burocracia excesiva, cambios normativos constantes, exigencias ambientales cada vez más estrictas, incremento de costes energéticos y laborales y una Política Agraria Común que muchos productores perciben como cada vez más compleja y menos orientada a la rentabilidad”, aclaran. 

Y ese sería el verdadero trasfondo. Agricultores y ganaderos sienten que cada vez se les exige más (controles, requisitos, papeleo, prohibiciones…) mientras el margen se reduce. Y ahora llega esto: entrada de productos a los que no se les exige lo mismo. 

Y sí, MERCOSUR ha desbordado el vaso, como explican claramente en SOS Rural: “Si la Política Agraria Común fuera más estable, si la carga burocrática fuese razonable y si los márgenes estuvieran garantizados, probablemente el debate sobre MERCOSUR sería distinto. Pero en el contexto actual, el acuerdo se percibe como un riesgo adicional sobre un sector ya tensionado”. 

Como aclaración final, esta organización insiste: no es un debate técnico de aranceles, aquí el tema es la supervivencia o no de un modelo de producción agraria y del futuro del mundo rural. El sector agroganadero no compite sólo en precios, compite en calidad, seguridad, trazabilidad y sostenibilidad, y por ello Europa ha elevado sus exigencias. Ahora no se puede utilizar otra regla para medir producciones foráneas, tirando por tierra ese modelo. 

Añadido a esto, no sería recomendable, insisten, una mayor dependencia del exterior en algo tan básico como la alimentación, poniéndose en manos de tercero mientras se destruye aquí lo que tanto ha costado construir. 

Pero, volviendo al origen, un acuerdo con MERCOSUR (revisado, eso sí) sería más fácil de ‘tragar’ si antes se eliminase una batería de normativa europea que, a juicio de SOS Rural, nada aporta y sólo traba la actividad del sector. Entre otras cuestiones, habría que eliminar: 

1. Reglamento SUR (uso sostenible de fitosanitarios) – aunque está en revisión. 
2. Ley de Restauración de la Naturaleza (UE) 
3. Exigencias de cuadernos digitales obligatorios (forma parte de varios Reglamentos y RD) 
4. Carga administrativa derivada de controles de la PAC 
5. Propuesta de nueva PAC: eliminar la Condicionalidad Reforzada: utilizan el eufemismo de Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), en particular la obligación de rotación de cultivos (BCAM 7) y la reserva obligatoria de superficies no productivas (BCAM 8) y lo que están es reduciendo drásticamente la capacidad productiva y generando una pérdida de rentabilidad difícilmente asumible. 
6. Normativa de fitosanitarios y restricciones adicionales autonómicas: eliminar diferencias entre CCAA; Inseguridad jurídica; exceso de burocracia; 
7. Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, en su artículo 54 y siguientes, establece que determinadas infraestructuras eléctricas (transporte, distribución y en algunos casos generación) pueden ser declaradas de utilidad pública: en relación con la declaración de utilidad pública de determinadas infraestructuras energéticas, puede conllevar expropiaciones o servidumbres sobre suelos agrícolas productivos ahorrándose ciertos controles y trámites que generan inseguridad jurídica y una situación de desamparo para pequeños y medianos agricultores.  

A partir de ahí, se empezaría a hablar.