Rechazo extremeño unánime a la nueva propuesta de Bruselas sobre el tabaco

La nueva propuesta de Bruselas sobre el tabaco se considera que hundiría el sector en Extremadura. En este sentido, Ayuntamientos, agricultores, industria y partidos políticos invitan a la ciudadanía a mostrar sus objeciones en el formulario habilitado por la UE en el este enlace hasta el 15 de junio, o bien usando el QR que aparece en la ilustración.

En tiempos de extrema polarización, es difícil encontrar acuerdos, y menos aún unanimidades. Pero la propuesta del Departamento de Salud de la UE lo ha logrado en Extremadura con su propuesta de revisión de la Directiva sobre el Tabaco, ahora en fase de consulta pública: todos los sectores la rechazan. 

La idea básica sobre la que gira este rechazo fue formulada hace años por el expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara (y reiterada por el también expresidente José Antonio Monago en términos similares): Extremadura cultiva tabaco, no fumadores. 

Nadie cuestiona los potenciales daños para la salud, pero sí que se tomen medidas que no contribuirían realmente a paliar esos daños ni a disminuir el consumo, sino que serían la sentencia de muerte para un cultivo social que sustenta la economía de muchas poblaciones del norte de Cáceres y fija población en zonas en riesgo demográfico. 

En juego están 53.000 empleos y el sustento de más de 20.000 familias. 

Qué dice la propuesta

La idea de la UE es actualizar la TPD (Tobacco Products Directive), que data de 2014, y adaptarla a la evolución en los hábitos y el mercado. Para pulsar la opinión ciudadana, se abrió una consulta pública en la modalidad ‘Call for Evidence’ donde puede participar cualquier persona hasta el 15 de junio. 

Los puntos que suscitan más recelo son los referidos a la prohibición de nuevos productos que utilicen nicotina natural procedente de la hoja de tabaco, la equiparación de todos los productos: cigarrillos, vapeadores o tabaco sin combustión (considerado factor determinante en la reducción de la toxicidad), implantación del etiquetado genérico, limites desproporcionados en el máximo de nicotina o aumento de las restricciones al consumo. 

Cuáles son las implicaciones posibles 

Se parte de que estas medidas no van a disminuir el consumo, sino desplazarlo hacia productos procedentes de terceros países, con menor control de calidad y ninguna trazabilidad. 

Al eliminar el etiquetado se elimina el factor distintivo para el consumidor de poder elegir la calidad y se corre el riesgo real de desplazar la demanda a canales ilícitos, con nulas garantías y perjuicio para la seguridad del consumidor y los ingresos fiscales. 

En consecuencia, lo que se hace es acabar con el cultivo estratégico y social, con impactos económicos en toda la cadena de valor que no han sido evaluados correctamente a la hora de proponer estos cambios. 

Campaña de los ayuntamientos 

Ante este ataque, los ayuntamientos de la zona afectada se han movilizado para pedir la solidaridad de toda Extremadura, participando en la campaña de consulta pública.  Así, la alcaldesa de Tiétar, Laura González, se mostró tajante: “meten todo en el mismo saco, combustión y no combustión, y no todo es igual, como no es lo mismo la cerveza que el whisky”. 

Por ello, exige a la UE un estudio riguroso de impacto, y que se tenga en cuenta que acabar con el cultivo provoca un daño irreparable, no sólo a quienes viven directamente de este cultivo, sino a toda la economía, desde las industrias vinculadas hasta talleres, comercio, hostelería… 

“Fumar es malo para la salud”, apunta, y agrega: “también lo es beber alcohol, y además en este caso el consumo está detrás de efectos tan trágicos como accidentes de tráfico, que no sólo afectan a quien lo consume, sino a quien tenga la mala suerte de cruzarse con ese conductor, ¿por qué esas medidas extremas contra el tabaco y no contra el alcohol?”. 

Insiste González en otro criterio: “lo que hay que hacer es apostar por la calidad, por la trazabilidad y por una producción con todas las garantías y controles, y no dejar el mercado en manos de quién sabe qué tipo de producciones”. 

Se trataría, a su juicio, de medidas que acabarían con el motor de la economía de la zona, dejando al consumidor al albur de formas de cultivo que escapan a la vigilancia y controles actuales: “si no se primar la calidad, obligando al etiquetado único, ¿qué agricultores van a quedar, si puede venir el tabaco más barato de cualquier lugar del mundo? Imagínese que se prohíbe etiquetar el Pimentón de la Vera, y sólo se pudiese etiquetar todo como pimentón, ¿quién pagaría más por algo que no se sabe ni de dónde viene ni cómo se ha producido?” 

En términos similares se pronuncia Roberto Baños, alcalde de Talayuela: “La Comisión Europea aún no ha lanzado una propuesta como tal, pero en el informe de evaluación previo ya apunta hacia medidas muy restrictivas y prohibitivas, sin evaluar el impacto socio-económico que tendrán sobre la competitividad de los agricultores de tabaco de la UE, ni el riesgo de deslocalización de la producción hacia países de fuera de la Unión. Cualquier revisión futura debe evaluar plenamente los impactos sobre ingresos agrarios, empleo rural y viabilidad a largo plazo del cultivo, antes de presentar propuestas legislativas”. 

Contundente, afirma que “si cae el tabaco, en esta zona caemos todos, por lo que exigimos a la UE que nos escuche, que no se tomen decisiones en despachos de Bruselas sin saber lo que se juega, y que no nos roben el futuro”. 

Baños explica que la campaña para que los vecinos hagan llegar su voz funciona bien “cuando la gente sabe que puede opinar, porque la verdad es que la Comisión no lo pone nada fácil para participar”, por lo que invita a todos los extremeños, y no sólo a los de las zonas productoras, a sumarse. 

“Estas normas, que deben durar 15 años, no pueden cocinarse ajenas al sentir popular ni al impacto socioeconómico que tendrán”, apostilla, para concluir con la premisa de base: “los tabaqueros no producen fumadores, producen tabaco”. 

Jaraíz de la Vera

Mientras, Luis Miguel Núñez, en su doble condición de alcalde de una de las localidades afectadas, Jaraíz de la Vera, y portavoz del PP de Extremadura, incide en la misma idea: “estamos muy pendientes de cómo evoluciona esta cuestión, para aunar esfuerzos y que la ciudadanía se solidarice con los agricultores y con toda la economía de la comarca”. 

Por eso, insiste, es importante la participación de todos: “es necesario para mantener los empleos, y mantener una producción de tabaco que pasa según los estudios por ser la de mayor calidad de todo el mundo”. 

No tiene sentido, a su juicio, poner esto en riesgo: “el etiquetado genérico ya se ha probado en otros lugares, y no ha hecho disminuir el consumo, sino aumentar el contrabando y la entrada de productos de origen dudoso”. 

El debate no es, apunta Núñez, salud sí o salud no: “no producimos fumadores, sino que mantenemos con este cultivo un tejido social en zonas rurales para las que es vital, porque genera empleo y riqueza”. Por eso reitera el mensaje: “que la gente participe y se pronuncie, que apoyemos todos y que haya solidaridad con estas 20.000 familias y con su futuro”. 

Agricultores y CETARSA 

Obviamente, también los más directamente afectados, los agricultores, tienen mucho que decir. En este sentido, Elena Martínez, jefa de administración de la cooperativa Tabaco de Cáceres, que aglutina a 75 agricultores, con una producción de casi 1.400 toneladas y socios en la Vera, Campo Arañuelo, Alagón y Ambroz, apunta directamente a los pilares de la UE: “la desaparición de este cultivo rompe el principio de desarrollo equitativo de la Unión Europea”. 

Destaca que son generaciones de agricultores las que han convertido este cultivo en un pilar fundamental de la economía del norte de Extremadura: “ellos han mantenido este pilar “adaptándose a exigencias regulatorias, y la trazabilidad del cultivo, invirtiendo en maquinarias, sosteniendo con su esfuerzo las zonas rurales”, y agrega: “a lucha contra el tabaquismo no puede hacerse a costa del abandono del campo ni de la destrucción de miles de empleos rurales”. 

Por ello, indica que se debe impulsar una ley que proteja a todos y sea equilibrada, que se fije en la innovación y dé tiempo para la adaptación “y sobre todo que se base en datos reales, porque los objetivos de salud pública deben ser compatibles con que el campo sigua vivo y la economía local pueda continuar”.  

Porque este cultivo, argumenta, es básico para fijar población y asegurar el futuro. Unas medidas tan restrictivas no acaban con el consumo, sino con la producción y con toda la economía de la comarca, llevando al éxodo y al abandono rural. 

También alude a la libertad de elección del ciudadano, cercenada al prohibir los sabores o imponer un etiquetado genérico o prohibir la publicidad: “se ignora totalmente la innovación en productos sin humo sin favorecer una transición ordenada que garantice la viabilidad, y desviando la demanda hacia el mercado negro o hacia importaciones de lugares con reglas ecológicas y laborales mucho más laxas. 

Desde CETARSA, como industria de primera transformación, su director general, Ricardo Rodríguez Miranda, matiza que es lógico que se revise la Directiva del Tabaco, ya que data de hace doce años y, desde entonces, hábitos, modos de consumo y tecnología de producción han cambiado mucho. 

Aclara también que lo que ahora se ha puesto sobre la mesa es muy genérico, pero incide en que hay que exigir a Bruselas que antes de tomar cualquier camino “valore todas las consecuencias que tendrían los cambios regulatorios, en términos de economía, empleo y fijación de población al territorio”. 

Se trataría de evitar, según sus palabras, “que se maten moscas a cañonazos”. En la producción extremeña hay estándares que no se dan en otros lugares, y el etiquetado genérico haría que se dejase de demandar este plus de calidad, a favor de terceros con menos exigencias. 

Además, añade, este etiquetado genérico, que tiene un impacto letal en la producción local, no ha supuesto mejoras, sino mayores facilidades para la falsificación de productos, “todo eso hay que valorarlo”. 

Y finaliza con un mensaje: “obviamente, hay que proteger la salud, pero actuando con sensatez y midiendo las consecuencias de las regulaciones”, no deslizando la demanda hacia producciones de menor calidad y garantías. 

También los partidos políticos 

Además de la opinión del PP, ya recogida por boca de su portavoz y alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez, el resto de partidos también ha querido marcar posición en defensa del sector. 

Desde el PSOE se indica que, pese a que la Directiva en cuestión aún no está desarrollada, existen sospechas de que se incorporen nuevas restricciones. En este sentido, señalan fuentes del Grupo Parlamentario Socialista, “tanto por los alcaldes de las comarcas tabaqueras como desde las organizaciones agrarias en las que tenemos representación estamos muy pendientes de ver lo que va marcando Europa, para actuar en sintoría con CETARSA”. 

La postura de partida es que no se va a permitir que se impongan medidas que afecten a la producción, “y nuestros alcaldes están defendiendo que el tabaco que se produce en Extremadura tiene garantías de seguridad y calidad que no se dan en ningún otro lugar”. 

El pronunciamiento a favor del cultivo es claro: es fundamental para la región por el empleo que genera y por las inversiones que hay ya sobre la mesa, y lo que debe garantizarse es que se siga produciendo con la calidad que se cultiva aquí. 

Por parte de Unidas por Extremadura, su portavoz Irene de Miguel no puede ser más clara: “es una directiva bastante hipócrita”, y añade: “si quieren prohibir el tabaco, que lo hagan, pero plantear medidas que sólo consiguen dañar a las zonas productoras, a un cultivo que fija población, tiene alto relevo generacional y se articula en cooperativas, es decir, como economía social, no tiene sentido”. 

Además, afirma que también se daña al consumidor: “el etiquetado genérico hace que no pueda elegir calidad, como la que se produce en Extremadura, y además en un sector de vanguardia que ha seguido evolucionando hacia producciones sostenibles y de más calidad”. 

De Miguel entiende que hay que luchar contra el tabaquismo, que provoca daños a la salud, “pero si es legal, lo que hay que hacer es procurar que se haga en las mejores condiciones de calidad y avanzar hacia modelos menos dañinos, y eso no se logra equiparando el tabaco calentado al de combustión”. 

Agrega que su grupo ha apoyado al sector siempre en sus reivindicaciones, pero no están de acuerdo con determinados añadidos químicos, apostando en cambio por modelos sostenibles con el medio ambiente y la salud “y que nos hagan menos dependientes de las grandes multinacionales de fitosanitarios”. 

Desde Unidas por Extremadura se sostiene que este cultivo es de los que más alta calidad y garantías tienen y además responde a un modelo cooperativista, social y de fijación de la población. Quizá, apunta De Miguel, hay que ir dando paso hacia alternativas, como por ejemplo el cannabis medicinal, como se hace ya en Portugal, siempre gestionado desde entidades públicas como CETARSA.