Es complicado en estos tiempos suscitar unanimidades en cuestiones políticas, pero la ministra de Sanidad, Mónica García, lo ha conseguido. Su propuesta sobre la ley antitabaco —aún sin texto definitivo conocido— ha logrado algo raro: el rechazo absoluto de todos los sectores implicados.
Los primeros en cuestionarla fueron los cultivadores. La Organización Interprofesional del Tabaco de España (OITAB), que agrupa a productores, transformadoras y comercializadoras, salió con un comunicado apenas horas después de conocerse la iniciativa. En él acusaba al Gobierno de no haber consultado al sector ni de haber valorado las consecuencias de la reforma, y lanzaba una advertencia: “provocará daños irreparables”.
No es una exageración retórica, al menos según quienes viven del cultivo. Los datos que maneja la interprofesional dan idea de la magnitud: el tabaco aporta cerca de 3.755 millones de euros al PIB nacional, genera más de 61.500 empleos y es el quinto mayor contribuyente fiscal del país, con 10.100 millones recaudados. En Extremadura, la mayor región productora de hoja de tabaco de Europa, unas 20.000 familias viven de esta actividad.
Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, va directo al grano cuando habla del etiquetado genérico. “No va a reducir el consumo; lo que va a hacer es favorecer el comercio ilegal y abrir la puerta a tabaco de terceros países sin las garantías de trazabilidad ni la calidad del nuestro”, dice. Y remata con un argumento económico: si entra tabaco de fuera sin control, Hacienda deja de ingresar.
García Blanco tampoco se explica la prisa. La Unión Europea está debatiendo ahora mismo su propia directiva sobre la materia, lo que podría dejar tramos del texto español obsoletos antes de que lleguen a aplicarse. “¿Para qué correr ahora?”, se pregunta. Su esperanza es que el Congreso tumbe el proyecto. Si no ocurre así, avisa, se pone en riesgo un cultivo puntero en calidad y en innovación de nuevos productos.
La crítica no viene solo de una organización. Óscar Llanos, secretario general de UPA-UCE Extremadura, subraya que la región concentra más del 95% de la producción nacional: más de 1.200 familias productoras en La Vera, Campo Arañuelo y Valle del Alagón, y más de 15.000 empleos directos e indirectos ligados al cultivo. El sector, recuerda, ya está haciendo un “enorme esfuerzo” de reconversión y adaptación a la PAC. Que ahora llueva más normativa sin un plan de apoyo específico le parece “de espaldas al sector productor”. Y criminaliza, a su juicio, “un cultivo social, legal, estratégico y fundamental” para la economía extremeña.
Junta y ayuntamientos afectados
El malestar también ha llegado a la Junta de Extremadura, con respuesta contundente de Julio Rojas, director general de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural.
Rojas ha indicado a laportadadetextremadura.com que restringir o desmantelar la producción agraria del tabaco solamente va a suponer sustituir la hoja de tabaco nacional por tabaco importado.
El director general de Agricultura y Ganadería ha recordado que el 98% de la producción nacional de tabaco se genera en Extremadura, principalmente en las comarcas De la Vera y del Campo Arañuelo, y constituye un sector estratégico para esta Consejería, pues de dicho cultivo dependen más de veinte mil familias, y supone un freno a la despoblación de estas comarcas”.
Por ello, Rojas afirma que la pérdida de este cultivo pondría en grave riesgo el tejido económico de multitud de poblaciones del norte cacereño: “penalizar la producción de tabaco local no reducirá la demanda de tabaco consumido en España, lo que provocará es que la industria tabaquera pase a comprar materias primas en terceos países, con regulaciones ambientales, sociales y sanitarias más laxas”, concluye.
Estas críticas se manifiestan igualmente en los municipios de las zonas tabaqueras, como es lógico. Así, Roberto Baños, alcalde de Talayuela (uno de los municipios donde el tabaco es prácticamente el motor de la economía local), admite que aún no hay texto definitivo, pero lo que se va filtrando le preocupa. Sobre todo, el mensaje de fondo: que la innovación ligada al tabaco ya no tiene sitio en España.
Su razonamiento es directo: si se desincentiva la inversión en nuevas categorías de producto y se demoniza la nicotina extraída de la hoja, quienes lo van a notar no son las multinacionales, sino los agricultores. Según sus cifras, del cultivo dependen unas 20.000 familias en Extremadura y aporta cerca de 126 millones de euros al PIB regional.
Baños insiste en algo que en la comarca dan por hecho: no hay alternativa real. Años de intentos por diversificar el campo no han dado con ningún cultivo capaz de generar el mismo empleo, la misma renta ni el mismo efecto de fijación de población en el norte de Extremadura. Y teme que pase lo de otros países: que el consumo no desaparezca, sino que se desplace al mercado ilícito o a las compras en el extranjero, mientras la inversión y el empleo se esfuman de los pueblos que hoy cultivan tabaco de forma legal.
Para el alcalde, la reforma es un intento de convertir a España en “un laboratorio de pruebas” regulatorio. Lo dice con perspectiva europea: en el continente, solo Suecia mantiene una prohibición similar en terrazas. Su reclamación coincide con la del resto del sector: que se escuche a los territorios afectados antes de aprobar cambios irreversibles.
En la Hostelería
En la hostelería, el ambiente es distinto. Hay tanto enfado como resignación. José Luis Álvarez Almeida, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE), carga contra la falta de consenso y sostiene que la medida perjudica “a la propia sociedad española”, no solo a los negocios. Buena parte de la vida social en los bares, argumenta, transcurre en las terrazas.
Ve una contradicción evidente: los hosteleros pagan por ocupar un espacio público en el que, sin embargo, no podrán decidir si se fuma o no. “Y en la acera de al lado, que también es espacio público, pero sin gestión ni control, sí estará permitido”, añade.
Álvarez Almeida no cree que prohibir sea la respuesta. Lo suyo sería reforzar las campañas de sensibilización. Y avisa de un efecto colateral que nadie parece haber contemplado: sin terrazas, muchos fumadores jóvenes acabarán en plazas públicas sin control, con el problema de colillas y ocio nocturno sin regular que eso conlleva.
Antonio Rodríguez, presidente de Acothex (Asociación de Comercio, Turismo y Hostelería de Extremadura), se muestra más conformista. Las restricciones se impondrán “sí o sí”, dice, “porque muchas vienen de Europa”.
Busca un lado positivo: cuando se aprobó la primera ley antitabaco se auguró una caída de negocio que nunca llegó. Incluso va más allá: ¿y si los fumadores gastan en hostelería el dinero que ya no se gastan en tabaco? Suena esperanzador, aunque parece más un deseo que un diagnóstico.
Lo que sí tiene claro es que los locales de ocio nocturno, esos sí, pueden llevarse un golpe muy duro.
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