Asaja Extremadura ha rechazado con dureza el proyecto de ley del tabaco aprobado este martes por el Consejo de Ministros y ha advertido de sus efectos sobre el sector tabaquero extremeño, al que atribuye un impacto sobre más de 20.000 familias. El presidente de la organización, Ángel García Blanco, calificó la iniciativa de "un ataque en toda regla" y sostuvo que su aplicación podría dañar de forma especial a las comarcas del Campo Arañuelo y La Vera.
En una nota de prensa, García Blanco acusó al Gobierno de utilizar la reforma para desviar la atención de otros asuntos y vinculó la iniciativa con la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que reprochó la ampliación de las zonas de restricción al consumo de tabaco. Según su valoración, la propuesta supone un "ataque directo" a Extremadura y, en particular, a las familias que dependen del cultivo y la transformación del tabaco.
Asaja Extremadura criticó que el texto equipare las prohibiciones ya existentes para fumar con las de otros productos relacionados, como el vapeo o el tabaco calentado, y que deje fuera de esas limitaciones las bolsas de nicotina. También censuró que se amplíen los espacios donde quedarían vetado fumar, vapear o usar tabaco calentado, incluyendo terrazas de bares, restaurantes, hoteles y salas de fiesta, así como playas, parques nacionales y naturales y piscinas públicas colectivas. La organización también mencionó los vehículos de uso profesional.
Publicidad, venta y menores
La entidad señaló además que la futura norma equiparará las restricciones y prohibiciones de publicidad de los productos de tabaco a las de los productos relacionados y los dispositivos para su consumo, como el cigarrillo electrónico, las bolsas de nicotina, los productos herbales y los dispositivos de calentamiento. Asaja indicó que, a su juicio, la venta quedaría limitada a estancos y tiendas especializadas, aunque sostuvo que se mantendrán los canales ilegales.
Otro de los cambios que criticó es la prohibición del consumo de estos productos a los menores de 18 años, además de su venta. García Blanco señaló que, en caso de infracción, los padres serían responsables de la multa y sanción de sus hijos menores, y comparó esa previsión con una vigilancia al estilo de la Ley Seca en Estados Unidos.
Tramitación y peticiones
Según Asaja Extremadura, la reforma se ha elaborado sin diálogo con el sector y sin evaluación del impacto económico y social en las zonas productoras. La organización recordó que el cultivo de tabaco ya afronta dificultades por la reducción progresiva de las ayudas de la PAC, la presión regulatoria y la competencia de otros países, y advirtió de que estas regulaciones podrían afectar a la compra de la hoja de tabaco española, especialmente en Extremadura, donde sostiene que se produce más del 95% de la producción nacional.
La organización anunció que pedirá al Gobierno y a los grupos parlamentarios que, durante la tramitación de la ley, incorporen análisis de impacto independientes, abran un proceso de consulta con el sector y adopten un enfoque regulatorio que diferencie entre categorías de productos. Asaja también reclamó que no se fije ningún porcentaje de comisión para financiar el sistema vinculado a la nueva regulación.
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