La Diputación de Cáceres abre ayudas para auditorías de ciberseguridad en entidades locales menores y mancomunidades

La convocatoria, publicada en el BOP, cuenta con un presupuesto de 44.528 euros y fija una ayuda máxima de 1.936 euros por entidad para revisar infraestructura, sistemas y seguridad informática

13 de octubre de 2026 a las 12:18h
La Diputación de Cáceres ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de subvenciones dirigidas a Mancomunidades Integrales y Entidades Locales Menores. / LP
La Diputación de Cáceres ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de subvenciones dirigidas a Mancomunidades Integrales y Entidades Locales Menores. / LP

La Diputación de Cáceres ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de subvenciones dirigidas a Mancomunidades Integrales y Entidades Locales Menores de la provincia para financiar auditorías de ciberseguridad. El objetivo es que estas administraciones puedan detectar problemas informáticos y disponer de un diagnóstico sobre cómo corregirlos.

La línea de ayudas directas está dotada con 44.528 euros y establece una cuantía máxima de 1.936 euros por entidad beneficiaria. El dinero deberá destinarse a gastos corrientes vinculados a la realización de una auditoría de infraestructura, sistemas y seguridad IT.

Según la convocatoria, esas auditorías deberán incluir la elaboración de un mapa global de vulnerabilidad y riesgos, el análisis de la seguridad del correo electrónico y de posibles brechas, así como la definición de medidas de mitigación y planes de remediación. También tendrán que garantizar el cumplimiento normativo en línea con las políticas de seguridad.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial en un plazo de 10 días hábiles, contados desde la publicación del extracto de las normas reguladoras en el BOP.

La institución enmarca esta convocatoria en la estrategia de ciberseguridad que desarrolla desde 2021 para reforzar la seguridad de las redes y sistemas de información de las administraciones públicas locales, proteger la información tratada y los servicios digitales que prestan. La diputación señala que esta actuación responde al aumento de la exposición a las amenazas del ciberespacio y al crecimiento de los ciberincidentes.

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