Una quincena de asociaciones memorialistas de Extremadura ha presentado este viernes una queja ante el Defensor del Pueblo para pedir su intervención urgente en el caso de la Cruz de Cáceres. Las entidades quieren que la institución aclare si la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) impulsada por la Junta de Extremadura puede frenar el cumplimiento de la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que incluyó el monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenó su retirada del espacio público en un plazo de tres meses.
Ese plazo concluyó el pasado 25 de agosto sin que el Ayuntamiento de Cáceres haya ejecutado la retirada. Por ello, las asociaciones han pedido al Defensor del Pueblo que determine si la actuación de la Junta supone “un uso inadecuado de la figura de Bien de Interés Cultural” para evitar la aplicación efectiva de la Ley de Memoria Democrática, según recogen en su escrito.
Críticas al expediente de la Junta
Las organizaciones consideran “especialmente grave” la tramitación del expediente abierto por la Junta de Extremadura para declarar BIC la cruz. En su queja, sostienen que el procedimiento está marcado por la polémica derivada de la incorporación y utilización de trabajos historiográficos cuyos autores han denunciado públicamente que sus investigaciones han sido empleadas para justificar una declaración patrimonial contraria a las conclusiones de sus propios estudios.
Por ese motivo, reclaman la dimisión de la directora general de Patrimonio Cultural y Documental de la Junta, a quien atribuyen la responsabilidad de la tramitación. A su juicio, el expediente está deteriorando la credibilidad de las instituciones culturales extremeñas y provocando una confrontación social e institucional innecesaria.
Origen y situación del monumento
Las asociaciones recuerdan que la Cruz de los Caídos fue promovida por el Ayuntamiento de Cáceres en 1937 e inaugurada durante la Guerra Civil como monumento de homenaje a los combatientes franquistas. Según subrayan, incorporaba originalmente lemas de exaltación del régimen y simbología falangista.
También señalan que el pleno municipal aprobó por unanimidad el 16 de diciembre de 2004 su traslado al cementerio municipal, dentro de una remodelación de la zona, aunque ese acuerdo nunca llegó a ejecutarse.
Recogida de firmas y apoyos
Las entidades mantienen una campaña de recogida de firmas para lograr la retirada del monumento del espacio público y exigen el cumplimiento efectivo de la legislación democrática vigente. Por ahora, aseguran que más de 3.600 firmas respaldan la iniciativa.
Además, anuncian alegaciones contra el expediente de declaración como BIC promovido por la Junta, al que vinculan con el acuerdo político entre PP y Vox. En su nota, sostienen que la iniciativa busca garantizar la permanencia de un monumento levantado para homenajear a los vencedores de la Guerra Civil.
Entre los apoyos que destacan se encuentra el del Colectivo de artistas, escritores y creadores de Cáceres, que han mostrado su respaldo a la iniciativa por la repercusión negativa que, según las entidades, tiene el mantenimiento de estos vestigios de cara a la candidatura de Cáceres como Ciudad de la Cultura Europea en 2031.
Las asociaciones firmantes de la queja son ARMHEX, AMHD Tierra de Barros, Asociación de Víctimas del Franquismo de Valverde de Llerena, Grupo por la Memoria Histórica de Garciaz, Amececa, ARMH José González Barrero, Afamevva, Amecadec, Colectivo Memoria de Futuro de Alburquerque, Asociación por la Memoria Histórica y la Dignidad de Segura de León "Vidas Silenciadas", ARMHEx-Calera de León, AMHD-CS, Asociación Matilde Landa, Agrupación de Familiares de Desaparecidos de la Guerra Civil y el Franquismo de Feria y Asociación de Memoria Histórica de Santa Amalia.
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