La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado íntegramente la condena impuesta a una funcionaria de la Junta de Extremadura por un delito leve de amenazas contra una antigua amiga, funcionaria de la Diputación Provincial de Cáceres, y otro de maltrato de obra contra el marido de esta, después de una relación personal que acabó deteriorándose por desavenencias relacionadas con el ámbito laboral.
La resolución de la Sección Segunda de la Audiencia, fechada el pasado 6 de julio, desestima el recurso presentado por la condenada contra la sentencia dictada en abril por el Tribunal de Instancia de Cáceres. La decisión es firme y contra ella no cabe recurso.
La condena supone un total de 3.000 euros en multas: dos meses con una cuota diaria de 20 euros por el delito leve de maltrato de obra y otros tres meses, también a razón de 20 euros diarios, por el delito leve de amenazas. La mujer fue absuelta, en cambio, del delito leve de coacciones del que también había sido acusada.
Una comisión de servicios, en el origen del conflicto
La sentencia aporta detalles sobre el origen de un enfrentamiento que comenzó después de años de amistad. Las dos mujeres habían entablado relación a raíz de sus encuentros habituales en el Club Social Círculo de la Concordia, conocido como La Colina, de Cáceres, una amistad que se extendía también a sus respectivos maridos.
Ambas son funcionarias de carrera, pero de administraciones diferentes. La denunciante desempeñaba entonces su trabajo en la Diputación Provincial de Cáceres como directora de Recursos Humanos, mientras que la posteriormente condenada era técnica del subgrupo A1 de la Junta de Extremadura y trabajaba en Mérida.
Según los hechos probados, la funcionaria de la Junta quería acceder a alguna comisión de servicios en puestos vacantes de la Diputación de Cáceres para poder trabajar en la institución provincial y trasladó esa pretensión en distintas ocasiones a su amiga.
La resolución judicial señala que, al no acceder esta a sus pretensiones, la relación entre ambas comenzó a deteriorarse hasta romperse por completo. El distanciamiento se agravó especialmente después de un incidente ocurrido durante la comunión de la hija de una amiga común en 2018.
A partir de entonces, según el relato declarado probado, cada vez que coincidían la condenada dirigía a su antigua amiga descalificaciones relacionadas principalmente con su actividad profesional. Entre otras expresiones, la acusaba de ser «corrupta», «vendida» y de «contratar a dedo», al tiempo que le reprochaba que no ayudara a sus amigas. La denunciante comenzó a evitar los encuentros e incluso comprobaba previamente si la otra mujer estaba en el club social antes de acudir.
La amenaza durante una fiesta de Nochevieja
El episodio que terminó desembocando en la causa judicial ocurrió durante la madrugada del 1 de enero de 2025, durante una celebración de Nochevieja en el mismo club social.
La sentencia considera probado que la acusada se situó delante de la mujer y comenzó a insultarla. En un momento en el que la denunciante bebía de su copa, le dijo: «Sí, bebe, bebe, que vas a morir envenenada, de eso ya me encargo yo». La mujer decidió entonces pedir a su marido que recogiera a su hijo para abandonar el establecimiento.
Fue en la salida cuando se produjo el segundo incidente. Según el relato judicial, la acusada agarró al marido de su examiga por la solapa de la chaqueta y posteriormente por el brazo, para después empujarlo hasta hacerle chocar contra una mesa alta. Otras personas tuvieron que intervenir para evitar que el enfrentamiento continuara. El hombre no necesitó asistencia médica ni tratamiento por lo ocurrido.
La Audiencia avala la valoración de los testimonios
La funcionaria condenada recurrió la sentencia alegando, entre otras cuestiones, vulneración de la presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo. También cuestionó que la frase relacionada con el envenenamiento tuviera suficiente entidad para ser considerada una amenaza.
La Audiencia rechaza esos argumentos y considera que la sentencia de primera instancia realizó una valoración «lógica, racional y conforme a parámetros de normalidad social» de la declaración de la denunciante, además de examinar detalladamente su credibilidad.
En cuanto al enfrentamiento con el marido, el tribunal destaca que no se tuvo únicamente en cuenta su versión, sino también la existencia de testigos. Uno de ellos tuvo que sujetar a la acusada para que cesara en su acometimiento después del empujón. La Sala concluye que la valoración de la prueba fue realizada «de forma racional, lógica y conforme a las máximas de experiencia».
Respecto a la amenaza de envenenamiento, la Audiencia recuerda que no es necesario que quien profiere una amenaza tenga realmente intención de ejecutar el mal anunciado. Lo relevante es su contenido intimidatorio y las circunstancias en las que se produce.
En este caso, considera que decir de forma amenazante a la denunciante que iba a morir envenenada y que ella misma se encargaría de ello tiene entidad suficiente para constituir un delito leve de amenazas.
La Sala también ratifica la condena por el empujón al marido. Señala que el delito de maltrato de obra no exige que se produzcan lesiones y subraya que el bien jurídico protegido no es únicamente la integridad física, sino también la dignidad de la persona.
Por todo ello, la Audiencia Provincial desestima íntegramente el recurso, confirma la condena e impone a la recurrente las costas de la apelación. La resolución establece expresamente que contra la sentencia no cabe recurso alguno.
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