La Diputación de Badajoz deberá decidir si reclama a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, las cantidades percibidas en concepto de nóminas durante su etapa como trabajador de la institución provincial.
El Tribunal de Cuentas ha concedido un plazo de cinco días a la Diputación para que, como posible entidad perjudicada, se pronuncie sobre la existencia de una eventual responsabilidad contable derivada de la contratación de Sánchez y de Luis María Carrero.
El procedimiento se abre después de la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación en la Diputación. La resolución no es firme y puede ser recurrida.
La Audiencia condenó también a otros acusados en el procedimiento, entre ellos el expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo, al que impuso 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación.
La Diputación debe fijar ahora su posición
El Tribunal de Cuentas solicita ahora a la institución provincial que manifieste si considera procedente continuar las actuaciones para determinar la existencia de un posible perjuicio económico y reclamar, en su caso, las cantidades correspondientes, o si entiende que el expediente debe archivarse.
La decisión de la Diputación no supone que David Sánchez tenga ya que devolver las nóminas percibidas. Será el procedimiento ante el Tribunal de Cuentas el que deberá determinar si existe responsabilidad contable y, en su caso, qué cantidad debería reintegrarse.
Una vez concluido el plazo concedido a la Diputación, el expediente continuará con el correspondiente trámite ante el Ministerio Fiscal y posteriormente se dará audiencia a las partes personadas antes de que el Tribunal de Cuentas adopte una decisión.
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