Una campaña de publicaciones contra el entonces alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, y otros responsables municipales ha terminado, casi diez años después de su inicio, con tres personas condenadas. Los hechos se remontan a 2016 y 2017 y están relacionados con la actividad de varios grupos de Facebook vinculados al Club de Debates Urbanos de Badajoz.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz dictó la resolución el pasado 1 de septiembre de 2026. Se trata de una sentencia de conformidad: los tres acusados aceptaron los hechos, su calificación penal y las penas solicitadas por la Fiscalía. La resolución fue declarada firme después de que las partes manifestaran que no iban a recurrir.
Las condenas incluyen 18 meses de prisión para uno de los acusados y multas de 2.520 y 810 euros para los otros dos, respectivamente. El fallo establece también indemnizaciones que suman 14.200 euros, además del pago de las costas en los términos fijados por el juzgado.
Una campaña para forzar el relevo en la Alcaldía
El relato de hechos probados sitúa detrás de aquellas publicaciones un objetivo concreto: favorecer una moción de censura que apartara a Fragoso de la Alcaldía. Según recoge la resolución, los condenados esperaban que quienes asumieran el gobierno local les facilitaran puestos municipales de los que obtener un beneficio económico, con independencia del partido que llegara al poder.
Para ello, utilizaron las redes sociales para difundir falsedades y atribuir conductas delictivas al entonces regidor y a otras personas. La campaña alcanzó también a funcionarios del Ayuntamiento y a personas relacionadas con empresas que prestaban servicios al Consistorio.
La sentencia recoge delitos de pertenencia a grupo criminal, calumnias continuadas e injurias continuadas. La responsabilidad penal corresponde a las tres personas condenadas por su actuación en estos espacios digitales.
Grupos con unos 5.000 seguidores
Las publicaciones se difundieron a través del Club de Debates Urbanos de Badajoz, Badajoz Limpio y Badajoz limpio de corrupción. Estas comunidades llegaron a reunir unos 5.000 seguidores, lo que dio alcance entre los vecinos a las acusaciones contra los afectados.
La actividad no se limitaba a los mensajes públicos de Facebook. El relato judicial recoge también la utilización de conversaciones privadas de WhatsApp para coordinar las actuaciones.
La sentencia de conformidad resuelve la situación de estos tres acusados, pero no cierra toda la causa. El procedimiento mantiene pendiente el juicio oral para los demás encausados, cuya responsabilidad deberá determinarse por separado.
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