El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz Ricardo Cabezas y el exconcejal socialista Hernán Álvarez se sentarán este lunes 21 de septiembre ante el juez por la demanda presentada por Javier Gragera, exjefe de prensa del alcalde de Badajoz, quien reclama a ambos un total de 15.000 euros al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al honor y a la intimidad personal.
El procedimiento tiene su origen en la polémica surgida en octubre de 2022, cuando se hizo público que Gragera, que entonces trabajaba en el área de prensa del Ayuntamiento de Badajoz, estaba detrás del perfil de Twitter denominado ‘Laura Carrasco’.
En aquel momento, Hernán Álvarez era portavoz del colectivo Acho Badajoz, mientras que Ricardo Cabezas ejercía como portavoz del grupo municipal socialista. Álvarez se incorporaría posteriormente a la Corporación como concejal del PSOE, cargo que dejó en julio de 2025.
Gragera reconoce en su demanda que utilizaba el seudónimo ‘Laura Carrasco’ para expresar opiniones sobre cuestiones sociales y políticas de la ciudad, pero sostiene que lo hacía exclusivamente a título particular. Según argumenta, utilizaba precisamente un nombre ficticio para separar sus opiniones personales de su actividad profesional en el Ayuntamiento.
El teléfono corporativo, una de las claves del litigio
Buena parte del conflicto que ahora llega a juicio gira alrededor del teléfono desde el que se gestionaba la cuenta.
La demanda recoge que Hernán Álvarez publicó el 28 de octubre de 2022 que habían comprobado que ‘Laura Carrasco’ era una cuenta vinculada al «teléfono corporativo» de un puesto de confianza del alcalde y señaló directamente a Javier Gragera. En aquella publicación apareció también el salario mensual que entonces percibía el periodista por su trabajo en el Ayuntamiento pacense, 2.249,48 euros.
Gragera rechaza esa afirmación y sostiene que nunca dispuso de un teléfono corporativo del Ayuntamiento de Badajoz. Según su versión, la cuenta de Twitter estaba asociada a su teléfono móvil particular.
En su demanda, presentada por el abogado Pedro Del Pino, Gragera considera que atribuirle el empleo de un dispositivo municipal para gestionar una cuenta personal perjudicó su honor al trasladar públicamente la idea de que utilizaba un recurso pagado por el Ayuntamiento para una actividad privada.
El escrito judicial atribuye también a Ricardo Cabezas posteriores declaraciones en las que afirmaba que aquella actividad se desarrollaba durante la jornada laboral y con un móvil «pagado por todos los pacenses», además de utilizar la expresión «prácticas fascistas» para referirse a la actuación que denunciaba.
Frente a ello, Gragera sostiene que sus publicaciones bajo el seudónimo se realizaban al margen de su actividad profesional, que nunca dedicó su jornada laboral a gestionar la cuenta y que siempre utilizó su teléfono particular. Se trata de cuestiones que forman parte de las alegaciones del demandante y sobre las que deberá pronunciarse el juzgado.
La controversia tuvo consecuencias laborales inmediatas para el periodista. El 28 de octubre de 2022, el mismo día en que trascendió públicamente su vinculación con ‘Laura Carrasco’, Gragera fue cesado de su puesto en el Ayuntamiento de Badajoz, según recoge la documentación incorporada a la demanda a la que ha tenido acceso este diario.
Un intento de conciliación sin acuerdo
Antes de acudir a la vía judicial, Javier Gragera intentó alcanzar un acuerdo con Cabezas y Álvarez mediante un acto de conciliación celebrado el 4 de marzo de 2024 ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Badajoz.
Los dos demandados comparecieron al acto y negaron los hechos que Gragera había expuesto en su solicitud de conciliación. El procedimiento terminó sin avenencia, tras lo cual el periodista acudió a la vía civil.
La demanda fue presentada posteriormente, el 7 de abril de 2024, y plantea un procedimiento ordinario para la protección civil de los derechos fundamentales al honor y a la intimidad personal. La cuantía del proceso está fijada en 15.000 euros.
Reclama 7.500 euros a cada uno
Javier Gragera solicita al juzgado que declare que las manifestaciones e imputaciones realizadas por Ricardo Cabezas y Hernán Álvarez vulneraron su intimidad personal y atentaron contra su honor.
La demanda pide además que ambos sean condenados a publicar a su costa la sentencia en sus perfiles de Facebook y Twitter y en los medios de comunicación que se hicieron eco de sus manifestaciones.
También solicita que Cabezas y Álvarez eliminen de sus perfiles en redes sociales las referencias al supuesto uso por parte de Gragera de un «móvil corporativo» para gestionar el perfil ‘Laura Carrasco’.
En el apartado económico, el exjefe de prensa reclama una indemnización de 7.500 euros a cada uno de los dos demandados, lo que suma 15.000 euros, además del pago de las costas procesales.
El juicio previsto para este lunes 21 de septiembre llevará así a los tribunales, casi cuatro años después, una controversia que nació en las redes sociales y que terminó con el cese de Javier Gragera en el Ayuntamiento de Badajoz.
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