El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, vinculó la sentencia contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una “tensión” institucional orientada, según dijo, a “derribar a un gobierno” ante la “incapacidad” de cambiar de Ejecutivo “por las urnas”. Su reacción se produjo tras conocerse el fallo de la Audiencia Provincial de Badajoz.
A través de un mensaje en la red social X, Puente afirmó: “esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas”.
Condenas recogidas en la Audiencia Provincial de Badajoz
Según la resolución, recogida por Europa Press, David Sánchez es considerado autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa y se le impone una inhabilitación de nueve años para empleo o cargo público.
El tribunal también condena al expresidente del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, con sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante nueve años.
Sobre el plan y la plaza
En el fallo, el juez sostiene que hay “múltiples los indicios acreditados mediante prueba directa” que permiten inferir, “con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón”, que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo “ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz” para crear la plaza que posteriormente se adjudicó al hermano de Pedro Sánchez.
La sentencia añade que los 11 acusados actuaron “en ejecución de un plan preconcebido, con unidad de acción”, para “pergeñar los actos arbitrarios” dirigidos a “favorecer” a David Sánchez Pérez-Castejón. Según el juez, esa arbitrariedad se manifestó en la “urgente creación” de una plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, que califica de “innecesaria y vacía de contenido”, al primarse el “interés particular de su futuro adjudicatario sobre el interés general”.
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