El Grupo Municipal Socialista llevará al Ayuntamiento de Badajoz la propuesta de suscribir un convenio con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para habilitar plazas destinadas al cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad. Según la formación, en la ciudad existen alrededor de 400 expedientes pendientes de asignación de plaza, una cifra que, en el conjunto de la provincia, se sitúa en torno a los 1.500.
Plazas, actividades y supervisión
La portavoz socialista, Silvia González, sostiene que esta situación justifica que el consistorio entre en un sistema de colaboración que, a su juicio, permitiría facilitar el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales y favorecer la reinserción social mediante actividades de utilidad pública.
En la propuesta, el convenio permitiría concretar el número de plazas, las actividades, los horarios, los requisitos y las personas responsables de cada destino, con una organización previamente definida. Instituciones Penitenciarias, según el PSOE, se encargaría de valorar a cada persona, asignarle el destino más adecuado y realizar el seguimiento de la pena.
El Ayuntamiento, por su parte, aportaría las plazas, el material necesario y la supervisión diaria de las tareas en los servicios municipales, de acuerdo con lo que detalla la formación en una nota de prensa.
Sin relación laboral ni sustitución de empleo
El PSOE subraya además que estos trabajos no generan relación laboral con el ayuntamiento, no son retribuidos y no pueden sustituir puestos de trabajo municipales. Añade que la cobertura frente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales correspondería a Instituciones Penitenciarias.
González considera que Badajoz debe “aprovechar un instrumento legal ya utilizado por numerosos ayuntamientos y que ofrece garantías suficientes” tanto para la Administración como para las personas condenadas. “Estamos hablando de facilitar el cumplimiento de una resolución judicial y de ofrecer una oportunidad de reinserción a través de actividades de utilidad pública. Existe un marco legal claro y creemos que el Ayuntamiento de Badajoz debe incorporarse a él mediante un convenio con Instituciones Penitenciarias”, señala.
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