La acusación popular ejercida por el Partido Popular ha lanzado una grave denuncia, asegurando que las "cloacas del PSOE" han desplegado esfuerzos para "destruir el procedimiento" judicial que investiga la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz. Este proceso judicial, que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Badajoz, ha sido calificado por el abogado del PP, Alberto Durán, como una "misma ópera delictiva con tres actos criminales", refiriéndose a la creación de tres plazas laborales.
Durante la presentación de los informes finales de la acusación popular este lunes, Durán lamentó que el caso "ha tratado de ser torpedeado por tierra, mar y aire", evidenciando una presunta campaña para obstaculizar la investigación. La controversia se centra en la creación de estas tres posiciones, las cuales, según el letrado, se realizaron "al margen del procedimiento" establecido. El abogado del PP comparó la situación con la obra 'Fuentovejuna', donde "aquí nadie se sabe quién ha hecho las cosas, aunque algunas aparezcan firmadas pero nadie sabe quién ha tomado la decisión", sugiriendo una falta de responsabilidad clara en las decisiones.
La opacidad en el proceso y la credibilidad de los testigos
La acusación popular ha puesto en tela de juicio la veracidad de los testimonios presentados durante el juicio. Alberto Durán expresó su escepticismo sobre las declaraciones de los testigos, afirmando que "han aportado bastante poco". Según su análisis, estos individuos "o son inducidos, o son contratados, o trabajan para la Diputación, o tienen miedo a decir la verdad, o han sido recientemente ascendidos, que es lo peor, y premiados por su futura declaración". Esta afirmación subraya la percepción de una posible manipulación o coacción en el entorno de la Diputación de Badajoz.
Además, el letrado del Partido Popular criticó el expediente administrativo relacionado con este proceso, describiéndolo como "el disfraz con el que se revisten los personajes de la ópera para engañar a quien vea la ópera". Durán insistió en que la verdadera información no reside en dicho expediente, sino en los "correos" electrónicos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO), lo que explicaría por qué "muchos borraron sus correos". Esta discrepancia entre la documentación oficial y la evidencia digital sugiere una intencionalidad de ocultar información relevante.
Exigencia de consecuencias penales por irregularidades
El abogado Alberto Durán fue contundente al señalar que "nadie deja por escrito en un expediente administrativo su propósito delictivo". La finalidad de estas acciones, según la acusación, era "dotar de una plaza a una persona concreta que no tenía". Esta práctica, más allá de constituir una "irregularidad administrativa", conlleva "consecuencias penales", según el letrado, quien exige que se depuren responsabilidades en este ámbito.
El primer "acto de esta ópera delictiva" se refiere a la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios. Aunque se le otorgaron "todos los elementos de urgencia" para su creación en octubre de 2016, no fue provista hasta mayo de 2017. Esta demora se atribuye a que David Sánchez estaba finalizando una formación en Italia, lo que llevó a Durán a afirmar que "su batuta es la que determina cuándo quiere incorporarse a Badajoz". El letrado también mencionó correos del expresidente de la Diputación de Badajoz, donde inicialmente se solicitaba "mucho personal" para el Área de Cultura, pero luego "ha tenido que pasar algo hasta que después empieza a tramitarse el pseudo expediente administrativo" para esta nueva plaza, que implicaba "más personal y más carga económica para la diputación".
Tráfico de influencias y la creación de plazas a medida
La acusación popular sostiene que lo ocurrido es un claro "tráfico de influencias". Alberto Durán afirmó que "alguien le ha dicho al señor Gallardo: 'tienes que crearle una plaza a mi hermano', y ese alguien es evidentemente Pedro Sánchez Pérez Castejón". Esta declaración apunta directamente al presidente del Gobierno como el presunto instigador de la creación de la plaza para su hermano.
Durán cuestionó la necesidad y urgencia de esta plaza, preguntándose "si es una plaza tan necesaria y tan urgente por qué todos niegan ser los autores de la idea". La activación del procedimiento, según el letrado, se produjo "cuando al maestro Azagra le viene bien, cuando le conviene", lo que evidencia una "grosera manipulación del procedimiento" para la contratación de David Sánchez. Curiosamente, a pesar de la supuesta urgencia, David Sánchez estuvo en excedencia durante un año y luego de baja, sin ser sustituido, e incluso "le quitaron el pseudodespacho que tenía", lo que refuerza la idea de una plaza creada sin una necesidad real y sostenida.
El segundo acto: la Oficina de Artes Escénicas
El "segundo acto" de esta "ópera delictiva" se centra en la creación, no en una simple modificación, del puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Durán aseveró que "se crea una nueva plaza, disfrazándola de una modificación". Según la acusación, esta plaza "no obedecía a una necesidad real", sino que respondía al desinterés de David Sánchez por las actividades de los conservatorios. Él "empieza a hablar con Gallardo para dedicarse a lo que a él le interesa, que es la ópera", lo que derivó en el programa 'Ópera Joven' y la mencionada oficina.
El letrado del PP rechazó la idea de que esto fuera una "modificación de nomenclatura". Argumentó que el puesto de coordinador de los conservatorios implicaba incompatibilidad, mientras que el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas no, permitiéndole "hacer negocio" en Portugal. Durán concluyó que, de esta forma, "le ofrecen efectivamente es un delito más", ya que "le han quitado la incompatibilidad deliberadamente, sabiendo que no se podía hacer". La acusación popular enfatizó que "nadie conoce" esta Oficina de Artes Escénicas, ni siquiera David Sánchez, quien "no sabe lo que es, las funciones que tiene, el personal que tiene a su cargo". Por ello, se concluyó que David Sánchez "es el jefe de una oficina que no existe", una "realidad virtual".
El tercer acto: del "hermanísimo al hermanito"
El "tercer acto" de esta trama, denominado "del hermanísimo al hermanito", involucra la propuesta de David Sánchez para la creación de una plaza para su amigo Luis Carrero. La acusación popular considera que, dado que ambos "se conocían desde hace mucho tiempo", el "tráfico de influencias queda absolutamente acreditado". Previamente, se habría cometido un delito de prevaricación al convocar una plaza para funcionarios en Comisión de Servicios a la que "solamente se presentó una persona, el señor Carrero".
Para el abogado del PP, todo este proceso "constituye una ópera bufa". Durán planteó una pregunta clave: "por qué se marcha" David Sánchez de su puesto en la Diputación de Badajoz cuando el caso se judicializó, si estaba convencido de la legalidad del proceso. El letrado también aludió a la "ópera bufa" desarrollada en la sala del tribunal, donde los testigos, en su mayoría "trabajadores de la diputación con miedo a represalias", y la eliminación de correos electrónicos, han sido elementos recurrentes.
Las "cloacas" del PSOE y el intento de destrucción del procedimiento
Finalmente, Alberto Durán reiteró la existencia de una "ópera bufa criminal" que "se ha montado fuera de este procedimiento y que es de absoluta gravedad", vinculándola con el 'caso Leire' que ha salido a la luz recientemente. "A mí también me han investigado las cloacas del PSOE", afirmó el letrado, destacando que este procedimiento judicial "existe gracias a las acusaciones populares", ya que "las cloacas han intentado que este procedimiento no se celebre".
Durán hizo referencia a los "apuntes de Leire", donde supuestamente figura la instrucción de "controlar a la Fiscalía" y "destruir el procedimiento", el cual, a su juicio, "está infectado de agentes externos criminales que están intentando bombardear". La acusación también denunció intentos de "destruir a la juez de instrucción, no solo profesionalmente, sino también personalmente", y de "intentar alterar al juez natural, impidiendo que esta Audiencia Provincial fuera quien fallara, inventándose unos aforamientos fraudulentos, impropios, de un presidente de una diputación". Ante este panorama, el abogado del PP concluyó con una pregunta retórica: si el caso "no tiene ninguna irregularidad, todo se ha hecho tan bien, ¿por qué desde la cloaca del PSOE tiene que establecerse un sistema criminal para tratar de que este procedimiento no se celebre?".
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