El expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha aprovechado su derecho a la última palabra en la Audiencia Provincial de Badajoz para reafirmar su completa inocencia y la de todos los implicados en el proceso judicial que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la institución provincial en el año 2017. En una intervención cargada de convicción, Gallardo ha señalado que la única razón detrás de la acusación es la discrepancia ideológica con la acusación popular.
El juicio, que ha mantenido en vilo a la opinión pública durante meses, ha quedado visto para sentencia tras las declaraciones finales. Miguel Ángel Gallardo ha expresado su firme confianza en la justicia, al mismo tiempo que ha elogiado la serenidad de la sala judicial. “Quiero felicitar a la sala por haber mantenido la calma en un proceso donde, desde fuera se ha intentado en todo momento distorsionar lo que pasa aquí dentro, lo que se vive en la sala”, ha manifestado el exmandatario provincial, aludiendo a las presiones externas y la cobertura mediática.
La defensa de Gallardo y la acusación popular
Durante su alocución, Miguel Ángel Gallardo ha insistido en que la supuesta culpabilidad de los investigados se reduce a “no tener las mismas ideas que la acusación popular”. Esta declaración subraya la percepción de una persecución política más que de una infracción legal. El caso se centra en la incorporación de David Sánchez a la Diputación de Badajoz, inicialmente como coordinador de las actividades de los conservatorios y, posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, cargos que han sido objeto de escrutinio por parte de la acusación.
Gallardo no ha dudado en criticar duramente la actuación de la acusación popular, a la que acusa de haber perdido el interés en el desarrollo judicial del caso. “La acusación popular ya ha perdido el interés de este juicio dentro de esta sala”, ha afirmado, señalando que algunos de sus letrados se han desplazado a Madrid. Según el expresidente, esta acción demuestra que su verdadero objetivo no era otro que la creación de un “juicio mediático paralelo”.
El impacto del juicio mediático
El exdirigente socialista ha lamentado profundamente las consecuencias de este “juicio mediático” que, según sus palabras, él y otros investigados han padecido durante más de dos años. “Ese juicio mediático que algunos hemos sufrido durante algo más de dos años y del que se pueden sentir orgullosos, porque ya han ganado el juicio social”, ha declarado con resignación. Esta situación, ha añadido, ha generado una condena social que trasciende el ámbito judicial.
“Independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente”, ha sentenciado Miguel Ángel Gallardo, poniendo de manifiesto la profunda huella que la exposición pública y las acusaciones han dejado en la reputación de los implicados. A pesar de este panorama, ha concluido su intervención reiterando su inocencia y, de manera enfática, su “confianza en la justicia”, esperando que el veredicto final refleje la verdad de los hechos y desmonte la narrativa construida fuera de los tribunales.
Este caso ha generado un intenso debate sobre los límites entre la acción judicial y la influencia mediática, así como sobre el papel de las acusaciones populares en procesos de alto perfil político. La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz será clave para determinar no solo la responsabilidad de los investigados, sino también para sentar un precedente sobre cómo se gestionan este tipo de situaciones en el futuro.
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