La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha rechazado haber filtrado las direcciones de correo electrónico del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su hermano y de su esposa, Begoña Gómez, y ha atribuido a la jueza que instruyó la causa de David Sánchez la decisión de dar traslado de esos datos a las partes.
Así lo recoge un informe al que ha tenido acceso Europa Press y que la UCO ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del denominado caso Leire Díez. Ese procedimiento investiga, según el documento, una presunta trama que habría liderado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista Leire Díez para desbaratar causas judiciales que afectan al partido o al Gobierno.
El origen de los correos
La Guardia Civil explica que, en la instrucción del caso sobre el hermano de Sánchez, informó a la jueza Beatriz Biedma del hallazgo de correos que David Sánchez mantenía con el presidente del Gobierno y con su esposa. Según los agentes, el contenido de esos mensajes no era relevante para la investigación, aunque la magistrada los requirió de igual modo "para determinar ella la relevancia".
El informe añade que fue la propia jueza quien acordó dar traslado a las partes del documento en el que aparecían las direcciones de correo. La UCO sostiene que esa decisión judicial no vulneraba ningún derecho, sino que "facilitaba el trabajo de análisis de las partes y con ello aseguraba su derecho a una defensa efectiva".
En ese mismo documento, la Guardia Civil niega además que la filtración de unos mensajes entre Pedro Sánchez y el exministro de Transportes José Luis Ábalos proviniera de la UCO. Ábalos fue condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión por el caso mascarillas.
Reuniones internas y presuntas presiones
El Instituto Armado también informa al juez sobre reuniones internas y sobre las informaciones reservadas que se abrieron dentro de la Guardia Civil por supuestas filtraciones.
Según el informe, el jefe de la UCO trasladó al jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) que el entonces director general Leonardo Marcos, imputado en esta causa, "de manera vehemente", manifestó que un oficio de solicitud sobre el hermano de Sánchez era un escrito "malintencionado y prospectivo". Esa conversación se produjo tras una reunión en julio de 2024.
Los agentes añaden que, además, ordenó que dicho informe debería estar finalizado el siguiente viernes y que, además, tenía que concluir "que no había nada".
En otra reunión celebrada pocos días después, el DAO Manuel Llamas, también imputado en esta causa, ordenó que se acumulasen "todos los recursos necesarios para acelerar la investigación" sobre David Sánchez y "poder finalizarla lo antes posible, sin explicar la urgencia de esta medida", según la UCO.
Durante ese encuentro, el DAO manifestó que les "usan" como "ariete contra el Gobierno", sin precisar "a quiénes se refería", indica la UCO.
Asimismo, señaló que el ámbito judicial "es el que menos controla el Gobierno", abunda la Benemérita, "percibiendo esa falta del control, al menos en parte, como una muestra de deslealtad".
David Sánchez fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa en su contratación en la Diputación de Badajoz.
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