La Policía Nacional investiga en Badajoz varios delitos de estafa y blanqueo de capitales después de que un hombre de 75 años denunciara un perjuicio económico cercano a los 410.000 euros. El caso se enmarca en la denominada Operación Stakeface, iniciada a raíz de la denuncia presentada por la víctima en la Jefatura de Extremadura.
Cómo operaba la estafa
Según la información facilitada por la Policía en una nota de prensa, el denunciante explicó que accedió por internet a anuncios sobre inversiones en empresas extranjeras y criptomonedas. A partir de ese momento, comenzó a recibir llamadas de personas que se presentaban como sus gestores personales de dos supuestas compañías de inversión, JHI y TRUIST, que le convencieron de que operaban de forma legítima.
En ese contexto, realizó varias transferencias que sumaron 350.000 euros. Los primeros análisis policiales permitieron comprobar que los números de teléfono aportados por la víctima estaban asociados a identidades ficticias y que las sociedades utilizadas para captar las inversiones no figuraban como entidades autorizadas para desarrollar actividades de gestión de inversiones. Además, la operativa se apoyaba en criptomonedas, lo que dificultaba el rastreo del dinero.
Los investigadores del Grupo II de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial de Badajoz señalan que los autores habrían logrado acceso remoto al ordenador de la víctima para ayudarle a abrir cuentas en distintas plataformas de intercambio de criptomonedas, conocidas como exchanges. Para analizar los movimientos detectados, recurrieron a herramientas de software forense especializadas en operaciones con criptoactivos, que permiten rastrear y relacionar transacciones y entidades financieras.
Un segundo contacto para recuperar el dinero
Cuando el afectado advirtió que no podía recuperar el dinero invertido, volvió a ser contactado por personas que se hicieron pasar por representantes de dos supuestos bufetes de abogados. Estas se ofrecían a recuperar las cantidades estafadas y, según la investigación, lograron que abonara unos 60.000 euros más por ese servicio.
La Policía sostiene que esos despachos también formarían parte del mismo entramado. Los investigadores consideran que los responsables mantuvieron el control remoto del ordenador de la víctima para inducir determinadas búsquedas en internet y reforzar así la apariencia de legitimidad de las entidades con las que se comunicaba.
Sociedades investigadas y solicitud de órdenes europeas
El análisis de las cuentas bancarias facilitadas por el denunciante, tanto la española como la extranjera, llevó a los agentes hasta una misma persona residente en una localidad de la provincia de Barcelona. Al no lograr contactar inicialmente con ella, y ante la posibilidad de que también fuera víctima de la trama, los investigadores consultaron a los Mossos d'Esquadra, que confirmaron que había presentado una denuncia por hechos similares en fechas cercanas.
Las gestiones con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y con registros mercantiles de distintos países europeos permitieron identificar seis personas jurídicas de interés para la investigación: dos en Reino Unido, dos en Rumanía, una en Italia y otra en Hungría. Todas ellas han sido puestas en conocimiento de la autoridad judicial como personas jurídicas investigadas por su presunta vinculación con delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Dada la dimensión internacional del caso y la existencia de cuentas y sociedades en varios países europeos, la Policía solicitó al Juzgado de Instrucción de Guardia de Badajoz la emisión de seis Órdenes Europeas de Investigación (OEI). La investigación sigue abierta y no se descarta que haya otras personas perjudicadas ni que aparezcan nuevas sociedades o cuentas vinculadas al entramado.
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