El juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Badajoz, centrado en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, ha entrado en su fase final con la presentación de los informes definitivos. En este contexto, el abogado Pedro del Pino, defensor de Juana Cintas, exdirectora de Recursos Humanos de la institución provincial, ha expuesto una sólida argumentación en favor de su cliente. Del Pino ha insistido en que la modificación del puesto de trabajo de Sánchez, de coordinador de actividades a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, constituyó meramente "un simple cambio de denominación", y que las acciones de Cintas en este proceso fueron "propias del ejercicio recto, honrado de su profesión".
La controversia se remonta a 2017, cuando David Sánchez fue inicialmente contratado como coordinador de las actividades de los conservatorios. Posteriormente, su puesto evolucionó a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, un cambio que ha sido objeto de escrutinio judicial. La defensa de Juana Cintas busca desvincularla de cualquier imputación penal, argumentando que su intervención fue estrictamente administrativa y carente de cualquier intencionalidad ilícita.
El contexto del juicio por la contratación de David Sánchez
El proceso judicial en curso investiga las circunstancias que rodearon la incorporación y posterior redefinición del cargo de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. La atención se ha centrado en si hubo irregularidades en la creación o modificación de su puesto, y si funcionarios como Juana Cintas, desde su posición en Recursos Humanos, incurrieron en alguna responsabilidad penal al gestionar estos cambios. La acusación sostiene que la modificación del puesto pudo haber beneficiado indebidamente a Sánchez, mientras que la defensa de Cintas presenta una visión radicalmente opuesta.
La implicación de la exdirectora de Recursos Humanos se deriva específicamente del procedimiento de modificación del puesto de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2023. Este procedimiento es el que dio lugar al "famoso cambio de nomenclatura" del puesto de David Sánchez, transformándolo en el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La defensa subraya que la participación de Cintas en este proceso fue puramente técnica y ajustada a la normativa interna.
Cambio de denominación sin beneficio
Durante su intervención este lunes ante la Audiencia Provincial de Badajoz, el letrado Pedro del Pino reafirmó con contundencia que la actuación de su defendida se enmarcó dentro de las funciones inherentes a su cargo. Según Del Pino, la reestructuración del puesto de David Sánchez no implicó una alteración sustancial de sus responsabilidades, sino una mera actualización de su título. "Un simple cambio de denominación", reiteró el abogado, enfatizando que la esencia del trabajo permaneció inalterada.
El abogado destacó que las labores desempeñadas por Juana Cintas en este expediente fueron "propias del ejercicio recto, honrado de su profesión". Esta afirmación busca desvirtuar cualquier sugerencia de que Cintas actuara con dolo o con la intención de favorecer a un tercero. La defensa insiste en que su cliente se limitó a cumplir con los protocolos y procedimientos administrativos establecidos para la gestión de la RPT, sin desviaciones ni motivaciones ocultas.
Actuación neutral y desconocimiento de intenciones
El letrado Pedro del Pino argumentó que las acciones de Juana Cintas en el proceso de modificación del puesto de David Sánchez fueron de una naturaleza intrínsecamente neutral. "Actuaciones profesionales que tienen la naturaleza indiscutible de acciones neutrales", afirmó el abogado, subrayando que su defendida no poseía "la más mínima conciencia" de que, con sus gestiones, pudiera estar beneficiando presuntamente a David Sánchez a través de este cambio de denominación. Esta falta de conocimiento o intencionalidad es un pilar fundamental de la estrategia de defensa.
Del Pino enfatizó que la participación de Cintas fue "puramente procedimental". Su rol se limitó a la elaboración de la documentación necesaria para formalizar la modificación en la RPT, siguiendo las directrices y requerimientos internos de la Diputación. La defensa sostiene que no existió por parte de Cintas una voluntad de influir en el resultado final o de generar un beneficio particular para el hermano del presidente, sino una simple ejecución de tareas administrativas.
El proceso de modificación de la RPT y la preservación de funciones
Para sustentar su argumento, Pedro del Pino detalló el proceso de elaboración del borrador para la modificación del puesto. Explicó que Juana Cintas fue la encargada de redactar este documento, y que en él "podrán perfectamente comprobar los juzgadores que se contienen todas y cada una de las funciones originales del puesto de coordinador" de actividades de los conservatorios. Esto significa que el borrador de la ficha de puesto, elaborado por Cintas, era "un borrador con las funciones originales del contrato", lo que refuerza la idea de que el cambio fue meramente nominal y no sustancial.
Además, el abogado resaltó la naturaleza del área de Recursos Humanos como "transversal" dentro de la administración. Esta característica implica que los profesionales de este departamento gestionan expedientes de múltiples áreas sin necesidad de conocer el día a día específico de cada puesto. En este sentido, Del Pino aseveró que su defendida "no sabía a qué se dedicaba David Sánchez en su día a día ni tenía por qué saberlo". Esta declaración busca desvincular a Cintas de cualquier conocimiento profundo sobre las actividades concretas de Sánchez que pudiera implicar una intencionalidad en el cambio de denominación.
En vista de todos estos argumentos, Pedro del Pino ha solicitado la absolución para Juana Cintas. A su juicio, los elementos presentados en el juicio no son suficientes para que su defendida "la haga merecedora del reproche penal". La defensa concluye que no hay pruebas que demuestren una actuación dolosa o negligente por parte de la exdirectora de Recursos Humanos, sino una gestión profesional y ajustada a la legalidad vigente.
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