La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha expresado su apoyo a los magistrados que condenaron a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de las críticas formuladas por miembros del Ejecutivo y otros dirigentes políticos. La Audiencia Provincial de Badajoz le impuso nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación administrativa por cooperación necesaria, en relación con el proceso por la creación de una plaza en la Diputación de Badajoz que le fue adjudicada en 2016.
Tras conocerse la resolución, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, afirmó que el hermano de Sánchez es “inocente” y dijo esperar que instancias superiores corrijan la condena. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, sostuvo por su parte que “hay mucha mala política detrás y nada de verdadera justicia”.
Rechazo de la asociación judicial
En ese contexto, la AJFV manifestó su “rechazo firme” a lo que considera “descalificaciones dirigidas por destacados miembros del Gobierno de España y dirigentes políticos contra los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz” que han dictado la sentencia. La asociación subrayó que la resolución fue unánime y que “es susceptible de ser revisada”.
“En un Estado de Derecho, las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica y de discrepancia. Pero lo que resulta incompatible con el respeto debido a las instituciones es convertir cada resolución que contraría los intereses de un determinado partido o de sus dirigentes en una excusa para poner en cuestión la independencia de los jueces o para atribuirles con ligereza y desconocimiento intenciones espurias sin el menor fundamento”, señaló la AJFV.
Advertencia sobre el efecto en la confianza pública
La asociación también criticó que, cuando una resolución judicial resulta incómoda para responsables políticos, en lugar de combatirla con argumentos jurídicos y por los cauces legalmente establecidos, se desacredite a quienes la han dictado y se proyecte sobre toda la carrera judicial una sospecha que considera injusta y peligrosa. A su juicio, esa actitud perjudica a los magistrados afectados y también deteriora la confianza de los ciudadanos en una institución esencial para el funcionamiento de la democracia.
“Esparcir sospechas infundadas una y otra vez sobre los jueces no es defender ni el Estado de Derecho ni la democracia. Es, por el contrario, contribuir a su deterioro constante”, añadió la AJFV.
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