El proceso judicial que investiga la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz en el año 2017, ha sido suspendido este jueves por la tarde. La Audiencia Provincial de Badajoz retomará la vista el próximo lunes, fecha en la que se presentarán los informes finales de todas las partes implicadas. Esta decisión fue comunicada por el presidente de la Sala, José Antonio Patrocinio, al finalizar una sesión marcada por el rechazo a una solicitud clave de las defensas. Los abogados de los acusados habían instado al tribunal a no admitir las nuevas imputaciones formuladas por las acusaciones en sus conclusiones definitivas, o, alternativamente, a conceder un aplazamiento de diez días para poder analizarlas en profundidad.
Esta solicitud de la defensa surgió en un momento crucial, casi al término de la fase de conclusiones definitivas. Durante esta etapa, varias de las acusaciones populares, entre las que se encuentran HazteOír, el Partido Popular (PP), Vox, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y Liberum, habían introducido modificaciones en sus imputaciones contra los investigados. Ante estas variaciones, la fiscal del caso, Begoña García Boró, expresó su preocupación, argumentando que se había producido "tanto una variación fáctica como jurídica de los hechos que inicialmente presentó el escrito de acusación popular", lo que implicaba que "se han introducido nuevos delitos que vulneran el principio acusatorio".
La fiscal concluyó que, a su juicio, las nuevas acusaciones "no deben ser admitidas", con la única excepción de la presentada por Manos Limpias, que solo había ajustado su escrito para adecuarlo a la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal. Sin embargo, el letrado de Manos Limpias posteriormente decidió adherirse a la postura de la fiscalía.
Argumentos de la defensa y la fiscalía
Inmediatamente después, el abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, Juan José Torres, manifestó que la acusación popular había introducido "ahora" un delito de tráfico de influencias contra su representado, una imputación que no figuraba previamente. Por ello, solicitó un aplazamiento de diez días "para poder articular una defensa de un nuevo delito" del que acababa de tener conocimiento.
Por su parte, el letrado de David Sánchez, Emilio Cortés, respaldó la posición de la fiscal y del abogado Torres. No obstante, precisó que un aplazamiento de diez días podría interpretarse como "una aceptación" de las variaciones solicitadas. En consecuencia, pidió que, antes de considerar dicho plazo, se realizara "un análisis riguroso" para determinar si las peticiones de las acusaciones "es compatible o no con el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva que preside en el proceso democrático de España".
El abogado que representa a Juana Cintas, Pedro del Pino, fue contundente al afirmar que las nuevas imputaciones "bajo ningún concepto (pueden admitirse) en el trámite de conclusiones definitivas". Calificó la situación de "insólita" y rechazó que se modificara el relato fáctico de una manera "tan abrumadora" como lo había hecho la acusación popular. De igual forma, Rafael Arenas, representante de otros tres funcionarios juzgados (Francisco Martos, Emilia Parejo y Manuel Candalija), aseveró que los cambios propuestos constituían una "subversión absoluta de los términos del debate de las penas y de los elementos sustanciales". Se adhirió a lo solicitado por el resto de los abogados de la defensa, al igual que los representantes de Cristina Núñez, Elisa Moriano, Ricardo Cabezas y Luis Carrero.
La postura de las acusaciones populares
Frente a estas peticiones de la defensa, el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, replicó rechazándolas y ratificándose en el escrito de conclusiones que había presentado. Asimismo, el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez, se opuso a las solicitudes de la defensa, argumentando que "se están citando cosas que no son aplicables" y que "no habría tiempo suficiente" para el plazo de diez días que se pedía. El abogado de Hazte Oír defendió que en sus conclusiones definitivas no habían "tocado ni un solo hecho", aunque sí habían "tocado la calificación jurídica, eso es verdad". Explicó que "lógicamente, cuando se trata de calificaciones provisionales y calificaciones definitivas es porque se pueden cambiar, y las hemos cambiando cumpliendo el criterio de homogeneidad, y de no tocar los hechos". El resto de las acusaciones populares se pronunciaron en el mismo sentido, defendiendo la legalidad de las modificaciones incluidas en sus conclusiones.
Resolución judicial y aplazamiento
Tras escuchar a todas las partes, el presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, decretó un receso de quince minutos para deliberar. Al reanudar la sesión, rechazó las peticiones de la defensa, argumentando que "no hay modificación sustancial de los hechos por parte de ninguna de las acusaciones". Explicó que la sala había cotejado los escritos de calificaciones provisionales y definitivas, concluyendo que "no hay modificación sustancial de los hechos, esto es fundamental".
No obstante, reconoció que "En cuanto al cambio de notificación jurídica, que pudiera haber, eso es cierto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 788.5 de la Ley en Juiciamiento Criminal, que permite al tribunal un aplazamiento hasta diez días". Por ello, el presidente de la sala anunció que el tribunal había acordado aplazar la próxima sesión hasta el lunes 8 de junio a las 9:30 horas, considerando que en tres días "hay tiempo suficiente" para que las partes analicen las conclusiones provisionales.
Próximas sesiones del juicio
Antes de iniciar el trámite de conclusiones, el presidente de la sala había ofrecido a David Sánchez la oportunidad de añadir alguna declaración a la realizada esa mañana. Sin embargo, Sánchez declinó la oferta, replicando al juez: "Si usted tiene algún punto que necesite aclarar, yo no tengo nada más que añadir".
La sesión de este jueves concluyó con el levantamiento de la vista hasta el próximo lunes, 8 de junio. La reanudación está prevista para las 9:30 horas, con la presentación de los informes finales de las partes. Se espera que esta sesión se extienda hasta las 14:00 horas y, tras un receso, de 17:00 a 21:00 horas. Si fuera necesario, el juicio podría continuar el martes, exclusivamente en horario de mañana, según la previsión de la sala.
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