La última jornada del juicio a David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y otros nueve acusados por las contrataciones investigadas en la Diputación de Badajoz dejó una imagen poco habitual tras días de intensos enfrentamientos jurídicos: el reconocimiento unánime al trabajo realizado por la Audiencia Provincial de Badajoz.
Fue precisamente el abogado de Ricardo Cabezas, Raúl Montaño, quien abrió la mañana agradeciendo a la Sala el desarrollo de la vista, el trato dispensado a todas las partes y la gestión de un procedimiento que ha concentrado durante días una atención mediática sin precedentes en Extremadura. Un reconocimiento que, con distintos matices, fue repetido posteriormente por abogados, acusados y procesados durante sus intervenciones finales.
Y no era un detalle menor. Un juicio de estas dimensiones no se ha celebrado en Madrid, Barcelona o Sevilla, sino en Badajoz, en una audiencia provincial que, lejos de contar con los recursos de las grandes capitales judiciales, ha tenido que afrontar una compleja organización para atender a decenas de profesionales, once acusados, una fiscal, quince abogados, medios de comunicación de toda España y un elevado número de ciudadanos interesados en seguir las sesiones.
La habilitación de una gran sala para la prensa y de otro espacio para el público permitió desarrollar la vista sin incidentes. Una labor silenciosa que fue reconocida por las partes y que puso en valor el trabajo de funcionarios y trabajadores que han permanecido durante todo el proceso lejos de los focos.
Montaño: “Existe el derecho a la presunción de inocencia y no ha sido quebrado”
La sesión comenzó con el informe final de Raúl Montaño, defensor de Ricardo Cabezas, actual diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz.
El letrado centró gran parte de su intervención en cuestionar la consistencia de las acusaciones populares. “He oído discursos a veces políticos, a veces imaginativos, he oído novelas policiacas, cloacas… Pero el derecho de defensa es lo más sagrado en el procedimiento penal”, afirmó.
Según Montaño, las propias acusaciones han terminado sustentando su posición únicamente en la documentación incorporada al procedimiento. “Existe el derecho a la presunción de inocencia y no ha sido quebrado”, sostuvo antes de respaldar la postura mantenida por la Fiscalía, que ha solicitado la absolución de los acusados.
El abogado defendió que el expediente administrativo relacionado con la creación del puesto investigado fue “perfecto, riguroso” y ajustado a la legalidad. “Era un expediente administrativo correcto”, insistió.
Respecto a Ricardo Cabezas, aseguró que la única actuación relevante atribuida a su cliente fue la firma de los trámites relacionados con la creación del puesto ocupado posteriormente por Luis Carrero, siempre respaldado por informes técnicos favorables. “No hay elemento objetivo de tráfico de influencias, pero mucho menos de prevaricación”, señaló.
En el tramo final de su alegato resumió su tesis con una frase contundente: “Estamos ante un castillo de naipes que se ha ido cayendo. Se ha construido en instrucción, pero las acusaciones populares se han quedado sin fuelle en el juicio”.
La defensa de Luis Carrero reivindica la necesidad de su puesto
Tras concluir la intervención de Montaño tomó la palabra Salvador Movilla, abogado de Luis Carrero, uno de los principales investigados junto a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.
Movilla defendió que la prueba practicada durante el juicio ha acreditado tanto la necesidad del puesto de coordinador de centros y actividades transfronterizas como el trabajo efectivamente desarrollado por su cliente.
“¿Qué era este señor, un superman que hacía su trabajo y el de otro?”, se preguntó al rechazar la tesis de que Carrero hubiera sido contratado para asumir funciones que correspondían a David Sánchez.
El letrado subrayó que tanto el puesto de Carrero como el de Sánchez continúan existiendo pese a que ambos abandonaron la Diputación hace meses. A su juicio, ese hecho demuestra que las plazas respondían a necesidades reales de la institución.
“La adjudicación del puesto fue limpia como una patena”, afirmó. También recordó que el procedimiento fue fiscalizado sin reparos y aprobado por el pleno provincial.
Movilla defendió además que Carrero no tenía necesidad profesional de incorporarse a la Diputación. “Mi cliente no tenía necesidad de trabajar en la Diputación de Badajoz. Es funcionario de carrera y tiene plaza en Mérida”, indicó, añadiendo que incluso percibía una remuneración superior en su anterior destino como asesor en Moncloa.
Sobre la conocida correspondencia electrónica entre Carrero y David Sánchez, el abogado sostuvo que los mensajes reflejan precisamente incertidumbre sobre el resultado del proceso. “No sé cómo va a evolucionar este tema”, destacó como una de las frases más relevantes del intercambio.
En sus conclusiones, Movilla calificó el procedimiento como “una actuación mediática y política” y pidió la absolución de su defendido.
Gallardo denuncia el “juicio social”
Concluidos los informes finales llegó el turno de la última palabra de los acusados. Solo cinco de los once procesados decidieron intervenir.
El primero en hacerlo fue el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien reiteró su inocencia y la del resto de acusados.
“La única culpabilidad es la de no tener las mismas ideas que la acusación popular”, afirmó.
Gallardo agradeció al tribunal haber mantenido “la calma” durante todo el proceso y aseguró que las acusaciones populares ya habían conseguido el objetivo que perseguían. “El juicio social lo han ganado independiente de lo que ocurra en esta Sala”, sostuvo antes de reiterar su confianza en la Justicia.
Los acusados reivindican su trayectoria pública
También intervinieron Manuel Candalijas, Félix González, Francisco Martos y Ricardo Cabezas.
Candalijas aseguró haber vivido dos años de “acoso mediático” y defendió el trabajo realizado desde el área de Cultura de la Diputación.
Por su parte, Félix González resumió el impacto personal del procedimiento con una frase breve pero significativa: “Como funcionario de carrera siempre he intentado hacer bien mi labor y el calvario de estos dos últimos años no me lo merezco”.
Uno de los testimonios más personales fue el de Francisco Martos, alcalde de Castuera y diputado provincial entre 2019 y 2023. Tras repasar sus más de dos décadas de trayectoria política, confesó: “Sigo sin entender qué ha pasado exactamente, no me da mi cabeza para entender lo que ha pasado aquí”.
Martos defendió que jamás participó en una comisión o un pleno sin conocer previamente los asuntos que se iban a tratar y destacó el trabajo realizado por los técnicos de la institución.
Ricardo Cabezas cerró las intervenciones agradeciendo nuevamente la labor de la Sala y reivindicando el papel de la Diputación en el mantenimiento de servicios y actividades culturales en los pequeños municipios de la provincia. “La labor de la Diputación es referente a nivel nacional”, afirmó.
David Sánchez renuncia a intervenir y el juicio queda visto para sentencia
La principal ausencia en el turno de última palabra fue la de David Sánchez. El hermano del presidente del Gobierno, que se enfrenta a las peticiones de pena más elevadas del procedimiento, decidió no dirigirse al tribunal.
Concluidas todas las intervenciones, el presidente de la Sala declaró el juicio concluso para sentencia.
La decisión llegará en los próximos meses. Mientras tanto, la imagen que deja la última jornada es la de un reconocimiento prácticamente unánime al trabajo realizado por la Audiencia Provincial de Badajoz para sacar adelante, sin incidentes y bajo una enorme presión mediática, un juicio de extraordinaria complejidad.
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