La magistrada Beatriz Biedma, que instruyó en Badajoz la causa contra David Sánchez Pérez-Castejón, ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional la posible existencia de contactos entre personas relacionadas con la presunta trama investigada en torno a Leire Díez y personas vinculadas a un conocido clan relacionado con el narcotráfico asentado en Badajoz, con la finalidad de actuar contra ella.
Este es uno de los extremos de mayor gravedad que Biedma incorpora al escrito con el que solicita personarse como acusación particular en la investigación que dirige la Audiencia Nacional sobre las presuntas maniobras desarrolladas para obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.
La magistrada se considera directamente perjudicada por unas actuaciones que, según expone, no se habrían limitado a tratar de desacreditar su trabajo o conseguir que fuera apartada de la investigación sobre el hermano del presidente del Gobierno. Biedma sostiene que llegó a existir una línea de actuación específicamente dirigida contra ella y reclama que se esclarezca hasta dónde llegó.
Un posible contacto con el narcotráfico en Badajoz
El aspecto que introduce una dimensión especialmente grave en el caso se encuentra relacionado con una anotación localizada en una de las agendas intervenidas a Leire Díez.
El apunte, fechado el 25 de marzo de 2025, contiene las referencias “Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”. Biedma destaca la proximidad temporal de esa anotación con el rechazo de una recusación planteada contra ella cuando todavía dirigía la investigación sobre David Sánchez.
La magistrada relaciona este episodio con informaciones de las que asegura haber tenido conocimiento y que prevé poner a disposición de los investigadores. En concreto, apunta a posibles contactos impulsados desde el entorno de la organización investigada con personas relacionadas con un clan asentado en Badajoz y vinculado al narcotráfico, cuyo objetivo habría sido actuar contra ella.
Biedma considera necesario determinar ahora qué hubo detrás de esos movimientos y cuál pudo ser su verdadero alcance. La existencia y finalidad de esos contactos deberán ser comprobadas durante la investigación abierta en la Audiencia Nacional. La magistrada sostiene que las actuaciones pudieron superar así el terreno del descrédito profesional y llegar a afectar a su propia seguridad e integridad física.
La UCO sitúa a Biedma entre los objetivos
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dedica un apartado específico a las actuaciones relacionadas con Beatriz Biedma. Los investigadores señalan que una de las líneas desarrolladas por la organización tenía como objetivo a la magistrada que entonces instruía en Badajoz las diligencias sobre David Sánchez.
Biedma sostiene que alrededor de su actuación judicial se sucedieron iniciativas destinadas a obtener información sobre ella y su entorno, promover denuncias y quejas y cuestionar públicamente su actuación. Entre esas maniobras incluye también los intentos encaminados a conseguir que fuese apartada de la investigación. La magistrada considera que el conjunto de actuaciones revela que no se trataba únicamente de conocer qué estaba ocurriendo dentro del procedimiento, sino de interferir en su desarrollo y desacreditar a quien lo estaba instruyendo.
Reclama toda la documentación en la que aparezca su nombre
La jueza quiere conocer ahora qué información llegó a recopilarse sobre ella y quién intervino en esas actuaciones. Por ello, solicita acceso a las agendas, cuadernos, anotaciones, documentos y dispositivos intervenidos en los que figure mencionada, así como a los informes policiales incorporados al procedimiento relacionados con estos hechos.
Biedma argumenta que las actuaciones investigadas le habrían provocado un perjuicio tanto personal como profesional y considera que el asunto alcanza además una dimensión institucional al afectar potencialmente a la independencia con la que un juez debe poder desarrollar una investigación.
En su escrito plantea que los hechos que finalmente puedan acreditarse podrían encajar, entre otros, en delitos de obstrucción a la Justicia, amenazas o coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, acusación o denuncia falsa y organización o grupo criminal.
La Audiencia Nacional deberá resolver ahora sobre su petición para comparecer como acusación particular y continuar esclareciendo una de las derivadas más delicadas de la investigación: si desde la presunta trama se llegó a recurrir a contactos relacionados con el narcotráfico en Badajoz para actuar contra la jueza que investigaba a David Sánchez.
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