La jueza Beatriz Biedma, que instruyó la causa sobre la contratación irregular de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que la admita como acusación particular en el llamado caso Leire Díez. En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que la supuesta trama le ocasionó perjuicios en el plano personal e institucional.
Biedma solicita personarse en una causa en la que se investiga una presunta red para obstaculizar asuntos que afectaran al PSOE y al Gobierno, y que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez. La magistrada afirma que su condición de perjudicada deriva de actuaciones que, según los indicios recogidos en la investigación, habrían buscado obtener información sobre ella, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas en su contra, recopilar datos sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos.
Perjuicios personales e institucionales
En su escrito, Biedma extiende esa condición al ámbito institucional porque esas actuaciones estarían directamente vinculadas con su papel como instructora de la causa seguida contra el hermano del presidente del Gobierno, condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación. La jueza considera que los indicios apuntan a que el objetivo de la presunta trama era “neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial cuya instrucción tenía encomendada”.
La magistrada añade que “resultó directamente afectada” por las supuestas maniobras investigadas y cita un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según ese documento, “otra de las líneas de actuación desarrolladas por la organización tenía como objetivo a la magistrada Beatriz Biedma”.
El escrito también recoge que, de acuerdo con los elementos ya conocidos de la investigación, se desarrolló una actividad específica para reunir información sobre la jueza, su entorno personal, familiar y profesional, junto con una campaña de descrédito difundida mediante denuncias, publicaciones y actuaciones en medios digitales y redes sociales.
Las referencias a Sáenz de Tejada y al clan de Badajoz
Biedma afirma además que habría sido la propia Leire Díez quien indicó al exjuez Luis José Sáenz de Tejada que promoviera denuncias contra ella ante la Fiscalía General del Estado, al entender que podía influir en esa institución. La jueza sostiene que Sáenz de Tejada ya llevaba denunciándola desde que intervino en la instrucción del procedimiento penal en el que finalmente resultó condenado, pero que, con el respaldo del grupo criminal investigado, aprovechó el interés mediático del caso para intensificar la campaña de descrédito.
La magistrada también menciona informaciones publicadas sobre una anotación en la agenda de Díez días después de que se rechazara la recusación promovida por Sáenz de Tejada. Según su escrito, esa referencia podría responder a “una última y desesperada estrategia para apartar a la magistrada del procedimiento”, en unos hechos que, a su juicio, “pudieron poner en peligro no ya su reputación, sino incluso su propia integridad física”.
En relación con esa anotación, señala que estaría vinculada con investigaciones que dirigía sobre clanes dedicados al narcotráfico. Biedma dice haber tenido conocimiento de “la existencia de contactos promovidos por el supuesto grupo criminal investigado con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz con la finalidad de actuar contra la magistrada”.
La jueza añade que el alcance real de esos contactos deberá determinarse en la investigación judicial, aunque subraya que la gravedad de ese extremo es evidente, especialmente si se confirmara que esas aproximaciones buscaron obtener información, generar hostilidad contra ella o comprometer su seguridad personal por el ejercicio de sus funciones.
En una providencia, Santiago Pedraz da por recibido el escrito de Biedma y traslada la petición a la Fiscalía para que se pronuncie sobre su solicitud de personación.
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