El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso, en el marco de la investigación del denominado 'caso Leire Díez', la causa que indaga una presunta trama para obstaculizar procedimientos judiciales de especial relevancia política.
La comparecencia está fijada para el 10 de septiembre, la misma jornada en la que también ha sido llamado a declarar como investigado el exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos.
El objetivo del magistrado es aclarar el papel desempeñado por la Fiscalía en la tramitación de la denuncia presentada contra Leire Díez y determinar si desde la Fiscalía General del Estado se trasladaron instrucciones, indicaciones o criterios que pudieran influir en el tratamiento del expediente.
Para ello, Pedraz ha requerido a la Fiscalía General del Estado que remita el expediente íntegro de la denuncia, junto con toda la documentación relacionada con su tramitación. Entre la información solicitada figuran informes, borradores, propuestas, notas internas, resoluciones y las comunicaciones mantenidas entre fiscales, funcionarios y responsables del Ministerio Fiscal, incluyendo correos electrónicos y otros intercambios profesionales.
Fiscalía Provincial de Badajoz
La decisión del juez llega después de que, durante la instrucción de la causa, un responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General reconociera que se remitió a la Fiscalía Provincial de Badajoz un informe jurídico sobre la denuncia, aunque negó que desde Madrid se ordenara su archivo o se ejercieran presiones para cerrar el procedimiento.
Pedraz pretende ahora reconstruir cómo se gestionó esa denuncia, quién impulsó las actuaciones, qué contactos existieron entre la Fiscalía General y la Fiscalía de Badajoz y si esas comunicaciones tuvieron alguna incidencia en el criterio finalmente adoptado.
La denuncia hacía referencia a supuestas actuaciones atribuidas a Leire Díez dirigidas a desacreditar a la jueza Beatriz Biedma, instructora de la investigación sobre la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz. Esa línea de investigación forma parte de las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional sobre la presunta existencia de una red destinada a interferir en procedimientos judiciales considerados sensibles para el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez.
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