La acusación popular ejercida por Hazte Oír en el proceso judicial que investiga la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz en el año 2017 ha mantenido firmemente su postura, calificando los hechos como un claro caso de prevaricación. Durante la fase de informe final en la Audiencia Provincial de Badajoz, el abogado Javier María Pérez, representante de la organización, ha insistido en que "crear un puesto a medida es prevaricación", una afirmación central en su argumentación.
Según la acusación, el tribunal se encuentra ante una serie de tres expedientes administrativos que, en conjunto, configuran una "misma representación teatral". Pérez ha subrayado que, a pesar de las negaciones, "en efecto sí existió, diga lo que si diga, la Oficina de Artes Escénicas", cuya creación y gestión son el epicentro de las irregularidades denunciadas. El letrado ha lamentado que tanto los acusados, en su derecho a no decir la verdad, como los testigos, "han hecho una representación magnífica", pero ha contrapuesto esta narrativa con la existencia de pruebas objetivas, como correos electrónicos y declaraciones previas en la instrucción, que desvelan la verdadera trama.
La "obra teatral" de la contratación de David Sánchez
La estrategia de la acusación popular ha desglosado el proceso de contratación en tres "actos" principales, cada uno revelando una faceta de lo que consideran un montaje. El primer acto consistió en la creación de un puesto de alta dirección para David Sánchez, descrito como "innecesario, singular, extraordinario". Este cargo, según Pérez, "no era necesario ni exigía jornada completa" y era "supuestamente" de alta dirección. La temporalidad de esta decisión es crucial, ya que la idea de generar esta posición data de 2016, pero su implementación se materializó en 2017, "dos días después" de que Pedro Sánchez fuera elegido secretario general del PSOE, lo que, para la acusación, explica las dilaciones de un año a otro.
La naturaleza de "alta dirección" del puesto también ha sido objeto de análisis. El entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, argumentó que, de haber querido favorecer a alguien como David Sánchez, habría optado por un puesto funcionarial vitalicio en lugar de uno discrecional y susceptible de supresión. Sin embargo, el letrado de Hazte Oír ha rebatido esta justificación, afirmando: "Claro que lo creó así, porque Pedro Sánchez no era todavía secretario general del PSOE, lo había sido pero había tenido que dimitir, y no era presidente del Gobierno". Esta declaración subraya la percepción de la acusación de que la posición fue diseñada para un momento político específico, y que las "acusaciones políticas" a las que se refirió Gallardo en su declaración son, en realidad, el núcleo del caso.
El segundo acto de esta "representación" fue la simulación de un proceso selectivo. La acusación ha denunciado que "se fingió" un procedimiento que ya tenía un destinatario predeterminado. Un testimonio clave fue el de Cristina de Frutos, una de las aspirantes, quien decidió no presentarse a la entrevista tras ser informada por el director del Conservatorio de Plasencia de que el puesto ya estaba adjudicado a David Sánchez. A pesar de esto, la Diputación la contactó, instándola a acudir para "fingir el traje a medida". El abogado Pérez ha criticado la postura de la fiscalía en este punto, señalando que, si bien se acusa a otras partes de usar recortes de prensa, la fiscalía recurrió a ellos cuando el director del Conservatorio negó haber hecho tales afirmaciones, y se ha preguntado por qué no se le citó como testigo.
Finalmente, el tercer acto se centró en la permisividad respecto a la no prestación de servicios. La acusación ha afirmado que "se permitió que el beneficiario no prestara los servicios en los términos propios" del cargo. Cuando la realidad funcional dejó de coincidir con la apariencia documental, es decir, cuando "el traje se quedó pequeño", se optó por un "remiendo". Este consistió en renombrar a David Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, un cambio que, según la acusación, se sumó a su posterior vinculación con Luis Carrero y su contratación en la Diputación, evidenciando una cadena de acciones irregulares.
Indicios y pruebas objetivas en el caso de prevaricación
El abogado de Hazte Oír ha enfatizado la importancia de los indicios en este tipo de delitos. "En la inmensa mayoría de los delitos se condena por indicio pero más en este, porque es que nadie deja por escrito la orden de enchufar al hermano de alguien que va a ser o se sospecha que va a ser secretario general del PSOE", ha aseverado. Para la acusación, la interpretación de estos indicios es fundamental para desentrañar la verdad. La búsqueda de alojamiento por parte de David Sánchez en Badajoz para trabajar, la participación activa de los propios acusados en la elaboración de expedientes administrativos que no constituyen un acto único, y la cronología de los eventos son elementos que, a su juicio, refuerzan la tesis de la prevaricación.
Además, se ha recordado que el padre de David y Pedro Sánchez fue gerente o director general del Instituto de Artes Escénicas entre 1991 y 1996, un dato que, aunque no directamente incriminatorio, añade contexto a la familiaridad con el ámbito cultural y administrativo. La acusación ha mantenido que "la verdad no prescribe" y que su parte no ha alterado los hechos ni introducido elementos nuevos, sino que ha ajustado la calificación de los delitos en el trámite de conclusiones "corregir las calificaciones que no los hechos, ajustándolo además a lo que se había desprendido de cada una de las intervenciones".
La persistencia de la acusación popular
La acusación popular ha respaldado la versión de "sastrería" y "traje a medida" presentada por el abogado de Manos Limpias, otra de las partes en el proceso. La cuestión central, según Javier María Pérez, es determinar si una institución pública como una diputación puede funcionar como "una central hidroeléctrica donde haya todo tipo de enchufes". La investigación debe dilucidar si los funcionarios implicados fueron colaboradores necesarios o qué tipo de participación tuvieron en la extensión del delito.
En su informe final, el letrado de Hazte Oír ha reiterado la solicitud de que se aplique la ley con todo su rigor, insistiendo en que la evidencia presentada demuestra una clara intención de favorecer a una persona mediante la creación de un puesto ad hoc y la simulación de un proceso de selección. La acusación popular se mantiene firme en su convicción de que los hechos constituyen un delito de prevaricación y que la justicia debe prevalecer en este caso que ha generado gran expectación pública.
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