Ferraz defiende la inocencia de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo tras la condena por prevaricación

Rebeca Torró sostiene que el caso “forma parte de una estrategia para desgastar al Gobierno” después de la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, que impone nueve años de inhabilitación a ambos

E.P.
14 de julio de 2026 a las 16:42h
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha defendido la inocencia de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. / EP
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha defendido la inocencia de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. / EP

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha defendido la inocencia de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de Miguel Ángel Gallardo, expresidente del PSOE de Extremadura, tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condena a ambos a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa.

Torró ha afirmado que los dos “son inocentes” y ha asegurado que cuentan “con el apoyo del PSOE”. Además, ha denunciado que el asunto “forma parte de una estrategia para desgastar al Gobierno” y ha señalado que, “cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno y el ruido se impone a los hechos, pierde la democracia”.

Según la dirigente socialista, “la propia sentencia no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia”. Torró también ha recordado que, a su juicio, el procedimiento nació de una denuncia de Manos Limpias basada en “fake news”, y ha añadido que, tanto la defensa como la Fiscalía sostuvieron que no existía base penal suficiente y pidieron la absolución.

Qué establece el fallo

La resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz, recogida por Europa Press, considera a David Sánchez autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa y le condena a nueve años de inhabilitación para ocupar cargo o empleo público.

Por su parte, Miguel Ángel Gallardo ha sido condenado como autor de dos delitos de prevaricación administrativa y, según el fallo, se le imponen dos penas de inhabilitación especial: una para empleo o cargo público y otra para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, ambas por un periodo de nueve años.

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