La Audiencia Provincial de Badajoz ha sido escenario de la fase final del juicio que investiga las controvertidas contrataciones en la Diputación pacense, centrándose en los casos de David Sánchez y Luis Carrero. En un giro decisivo, la defensa de tres de los acusados clave –el exdiputado de Cultura Francisco Martos, la exdirectora del área de Cultura Emilia Parejo y el actual director de Identidad Cultural, Manuel Candalija– ha solicitado enérgicamente su absolución. El letrado Rafael Arenas, representante legal de los tres, ha lamentado profundamente que sus clientes hayan sido "intentado aquí involucrar en todas la cadena de supuestos hechos delictivos", argumentando una implicación injustificada en un entramado que, según él, carece de fundamento sólido.
Este proceso judicial se inició a raíz de la contratación de David Sánchez en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios, y la posterior modificación de su puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Asimismo, el tribunal examina la contratación en 2024 del exasesor de Moncloa, Luis Carrero, como jefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. Las acusaciones populares han mantenido cargos que van desde el tráfico de influencias hasta la prevaricación, buscando establecer una responsabilidad penal sobre los implicados.
La estrategia de la defensa: Desmontando la acusación
Durante su informe final, el abogado Rafael Arenas ha criticado duramente la estrategia de las acusaciones, a las que ha comparado con una "malísima copia de una película coral, de esas de Berlanga", donde se intenta involucrar a numerosos protagonistas sin una base sólida. Arenas ha enfatizado que sus defendidos han sido arrastrados a este proceso de manera forzada, sin una conexión directa con los hechos originales que se investigan. "Por eso se ha intentado aquí involucrar en todas la cadena de supuestos hechos delictivos", ha reiterado, subrayando la falta de autoría directa de sus clientes en las decisiones fundamentales.
El letrado ha puesto de manifiesto la distancia temporal entre los hechos imputados y la creación inicial de las plazas. En el caso de Parejo y Martos, las imputaciones se refieren a acciones "seis años después" de los eventos originales. Para Candalija, la acusación se sitúa "siete después de la creación de la plaza en octubre de 2016" que inicialmente ocupó David Sánchez. Respecto a la modificación del puesto de coordinador a la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, propuesta en octubre de 2022, Arenas ha calificado de "absurdo considerar a mis defendidos herederos de cuanto se hiciera, si es que se hizo, en el año 2016". Ha cuestionado la división de roles de las acusaciones en cuanto a los delitos, que buscan "arruinarles la vida" con cargos de tráfico de influencias o prevaricación.
"¿De qué tenemos que defendernos, entonces?", ha interpelado Arenas al tribunal, argumentando que sus clientes "autores no son de nada" dado que las resoluciones finales corresponden al pleno de la Diputación, y sus actuaciones fueron meros "actos de trámite, sin efecto erga omnes". Esta línea de defensa busca desvincular a Martos, Parejo y Candalija de cualquier responsabilidad penal directa, presentándolos como meros engranajes de un proceso administrativo más amplio.
Defensa de Francisco Martos y Emilia Parejo: La modificación del puesto
En cuanto a la modificación del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios a la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, imputada a Francisco Martos y Emilia Parejo, la defensa ha sostenido que esta acción estuvo "escrupulosamente ceñida a la legalidad". Según Rafael Arenas, la intención detrás de esta adecuación no fue otra que "adecuar la RPT a la realidad de las cosas", reflejando una "evolución natural del puesto" que, además, ha sido "corroborado aquí testigos de todas clases" durante el juicio. Esta argumentación busca demostrar que la modificación fue una medida administrativa legítima y necesaria, sin ninguna intencionalidad delictiva.
El papel de Manuel Candalija en el punto de mira
La defensa de Manuel Candalija se ha centrado en dos aspectos clave: su participación en la comisión asesora del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios y su relación con la jefatura de sección que ocupó Luis Carrero. Respecto al primer punto, Arenas ha recordado que la comisión estaba compuesta por tres miembros. Incluso si Candalija "hubiese impuesto una voluntad delictiva, se habría quedado en minoría respecto a los otros dos" en caso de que estos fuesen "rebeldes a su opinión", lo que, según el abogado, es "razón de más, también, para extraerlo directamente de esta imputación".
En relación con la plaza de Luis Carrero, la defensa ha recalcado la exclusión del expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, de la imputación, lo que refuerza la inocencia de Candalija. Se ha argumentado que el procedimiento para la contratación de Carrero fue "garantista completamente". El expediente pasó por la comisión técnica de la RPT y la mesa general de negociación en septiembre de 2023. Además, la plaza fue objeto de una amplia divulgación sindical por parte de USO y se anunció públicamente el 3 de octubre de 2023, con el acuerdo inicial del pleno para la modificación, junto con el presupuesto de la corporación, y el acuerdo definitivo del 27 de octubre de 2023.
Un punto crucial de la defensa de Candalija es la cronología de los hechos. Cuando Candalija solicita a Recursos Humanos el inicio del expediente el 16 de octubre de 2023, lo hace "17 días después, señoría, de que el pleno aprobara inicialmente y por unanimidad el 29 de septiembre la modificación de la RPT". Por lo tanto, "esa carta del señor Candalija no inicia ni incoa ningún expediente, eso lo hace Recursos Humanos mucho después", desvirtuando así la acusación de que él fue el impulsor inicial del proceso de contratación de Carrero.
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