La defensa de Luis Carrero, exjefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, ha reiterado su solicitud de una sentencia absolutoria para su cliente. El letrado Salvador Morillas ha argumentado con firmeza que no existen pruebas que sustenten las acusaciones de prevaricación ni de tráfico de influencias, y ha asegurado que tanto la creación del puesto que ocupó en la Diputación de Badajoz como su posterior adjudicación fueron procesos "limpia como una patena", es decir, completamente transparentes y legales.
En un juicio que algunas acusaciones populares han descrito como una "ópera bufa", Morillas ha preferido catalogarlo como "más bien como un libreto de ficción, siguiendo con el símil operístico, porque es todo un relato construido desde el primer hasta el último momento, carente de la más absoluta prueba de cargo". Esta contundente declaración subraya la postura de la defensa, que considera el caso como una narrativa sin fundamento probatorio sólido.
La ausencia de pruebas y la carga de la acusación
El abogado de Carrero ha enfatizado que la acusación popular es la responsable de demostrar los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, ya que sobre ella recae la carga de la prueba. "Es un relato, es un edificio construido sobre palillos de dientes. Es decir, no hay nada de lo que se pueda acusar en este caso a mi defendido, al señor Carrero, ni de prevaricación ni de tráfico de influencias, de ninguno de los dos delitos de los que se le acusa en las calificaciones, tanto provisionales como definitivas", ha declarado Morillas.
Lejos de encontrar pruebas incriminatorias, la defensa sostiene que los elementos presentados en el juicio respaldan una conclusión favorable a su cliente. Morillas ha criticado que la acusación popular ha "pasado por alto olímpicamente" las pruebas practicadas, las cuales, según él, demuestran la legalidad de la creación y adjudicación del puesto de jefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.
La legalidad del puesto y el testimonio clave
Un punto crucial en la argumentación de la defensa ha sido el testimonio de la funcionaria de la Diputación que actualmente ocupa de forma definitiva la jefatura de sección en cuestión. Esta testigo ratificó en la sala las actividades inherentes al cargo, lo que permitió a Morillas recalcar que dichas funciones "no tienen que ver nada, ni de lejos, con el trabajo realizado por don David Sánchez". Esta afirmación desmiente la narrativa de la acusación, que sugiere que el puesto fue creado específicamente para satisfacer los "caprichos personales" del hermano del presidente del Gobierno.
El letrado ha reafirmado esta tesis durante la presentación de los informes finales en la Audiencia Provincial de Badajoz. El juicio aborda la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de actividades de conservatorios y, posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. También se examina la contratación en 2024 de Luis Carrero, exasesor de Moncloa y amigo de David Sánchez, como jefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.
Transparencia en la creación y adjudicación
Respecto a la creación y adjudicación del puesto de trabajo de Carrero, la defensa se ha remitido al escrito de calificaciones del Ministerio Fiscal para subrayar que ambos procesos fueron "limpia como una patena" desde el punto de vista legal. Morillas ha señalado que la acusación popular ha recurrido al "subterfugio" de acusar de "apariencia de legalidad" ante la falta de pruebas concretas.
"Es verdad que esta es la única salida posible que tienen para defender su postura, pero no tienen ninguna prueba de eso", ha añadido el abogado. Además, ha destacado que todos los actos de desarrollo del proceso fueron fiscalizados y no recibieron ninguna nota de reparo, cuestionando la acusación de prevaricación sobre un acto que cumplió con todos los controles.
Correos electrónicos y cualificación del acusado
La defensa también ha abordado la acusación de que el puesto fue creado para Carrero por ser un "enchufado" de David Sánchez. Morillas ha desafiado esta afirmación, exigiendo pruebas y argumentando que Carrero no tenía necesidad del puesto, ya que como asesor en Moncloa percibía un salario superior. Asimismo, ha enfatizado que su cliente cumplía con todos los requisitos para la plaza pública, que era conocida y se proveyó mediante una comisión de servicios temporal.
En cuanto a los correos electrónicos intercambiados entre David Sánchez y Luis Carrero sobre la posible incorporación de este último, Morillas ha justificado que David Sánchez interpretó erróneamente que la plaza ya había sido adjudicada, cuando en realidad solo estaba aprobada en pleno. La respuesta de Carrero, según la defensa, fue que no tenía noticias al respecto y reconocía que el proceso aún estaba en evolución, desvirtuando así cualquier intento de vincular estos mensajes con un supuesto tráfico de influencias o prevaricación.
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