El juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz en relación con la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, ha llegado a su fase de informes finales. En este contexto, Emilio Cortés, abogado defensor de Sánchez, ha solicitado de manera contundente la absolución de su representado, enfatizando la total ausencia de pruebas que demuestren una actuación dolosa por parte de su cliente.
Cortés ha subrayado que "no existe tampoco ningún signo objetivo" de que su cliente "obrara a sabiendas", un requisito fundamental para los delitos que se le imputan. El letrado ha insistido en que "estamos ante tipos dolosos que no admiten ni siquiera una eventual posibilidad de un dolo de segundo grado", y ha añadido que "ni siquiera se puede abrir el debate porque no ha lugar de una ignorancia deliberada, es que el dolo tiene que ser un dolo directo, y del dolo no se habla por las acusaciones populares". Esta argumentación central busca desmantelar la base de las acusaciones, que, según la defensa, carecen de la intencionalidad directa necesaria para una condena.
Críticas a las acusaciones populares
Durante su intervención, Emilio Cortés ha dirigido duras críticas hacia las acusaciones populares, a las que ha acusado de un "planteamiento maniqueo" y de instrumentalizar el proceso judicial. El abogado ha señalado que el caso se originó a partir de una denuncia construida con "recortes periodísticos" que insinuaban un "presunto enchufismo, un delito fiscal, un enriquecimiento ilícito", sin que se comprendieran las condiciones objetivas de punibilidad de tales delitos.
Cortés ha argumentado que este tipo de acusaciones, alimentadas por "las conversaciones de café, las tertulias, y sobre todo cuando se tiene cierto sesgo político, esto es muy jugoso, es muy atractivo". No ha dudado en afirmar que el sesgo de las organizaciones que representan a las acusaciones populares es "absolutamente unívoco", lo que ha propiciado un "proceso absolutamente paralelo, ventilado en los medios de comunicación". El letrado ha calificado esta situación como una "bromita" que "dura lo que dura", y ha manifestado que es en la fase de conclusiones definitivas cuando "ya pierde agua la prospección de las acusaciones populares", pues "se acabaron las conjeturas, las filtraciones interesadas, el interés de los medios de comunicación, incluso las ganas de poder derrotar a un Gobierno".
La prescripción de un delito y la validez de los nombramientos
Un punto crucial en la defensa ha sido la decisión del tribunal de considerar prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal, del que también se imputaba a David Sánchez. Cortés ha enfatizado que esta prescripción conlleva el sobreseimiento de dicha acusación, lo que ha reorientado el juicio. Ha criticado cualquier intento de reintroducir este aspecto, afirmando que "Aquí no vale que lo que sale por la ventana entre por la puerta". El abogado ha lamentado que algunas intervenciones de las acusaciones populares hayan sido "ciertamente desconsideradas, como si esto fuera una especie de nido criminal", insistiendo en que "aquí las cosas se demuestran".
Además, Cortés ha expresado su preocupación por la posibilidad de sentar un precedente judicial, ya que "es la primera vez que se puede condenar a unas personas por prevaricación en actos de naturaleza administrativa en los que, siendo la sentencia penal firme, se mantienen esos destinos administrativos". Ha recordado que la persona que actualmente ocupa la oficina de cooperación transfronteriza ha declarado como testigo "con absoluta normalidad diciendo a lo que se dedica", lo que refuerza la idea de la validez de los puestos.
La trayectoria profesional de David Sánchez y la legalidad de los cambios
La defensa también ha abordado las críticas al currículum de David Sánchez, calificando de "desconcertante" que en el escrito de acusaciones se hablara de su selección a pesar de una supuesta "insuficiencia de su currículum". Cortés ha ironizado sobre la comparación de haber realizado solo "cinco óperas, como si fuera como hacer una tortilla", defendiendo la trayectoria y cualificación de su cliente. Asimismo, ha aclarado que Sánchez no "pidió la compatibilidad sino que lo consultó".
En cuanto al cambio de puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, el letrado ha citado un auto judicial que establece que "el cambio de condiciones del contrato de trabajo 'nunca' debe constituir una forma de prevaricación". Sobre la acusación de tráfico de influencias, Cortés ha cuestionado la identidad del supuesto influyente, preguntándose "quién es" tras horas de juicio. También ha desestimado como un "chascarrillo" un correo en el que se mencionaba a "hermanísimo", argumentando que no constituye un indicio relevante.
El caso de Luis Carrero y otras consideraciones
El juicio también ha abordado la contratación en 2024 del exasesor de Moncloa, Luis Carrero, como jefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. En este punto, Cortés ha recordado un correo de la organización sindical USO, fechado el 25 de septiembre de 2023, que sugería que la plaza "ya estaba en el horno", refiriéndose a 28 nuevas plazas, cinco de Cultura y 16 de comisión de servicios, a las que se presentó únicamente Carrero. Finalmente, el abogado ha criticado la intervención del teniente coronel Balas y su forma de dirigirse tanto a las acusaciones populares como a la parte de la defensa, cerrando así su informe final en un juicio que ha estado marcado por la controversia y el debate público.
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