Cintia Rocho ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez un dispositivo extraordinario de protección policial para su declaración prevista para el 24 de noviembre, al asegurar que sufre amenazas de muerte y teme por su integridad física.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Rocho solicita que se acuerde con carácter urgente una escolta policial que abarque desde su traslado hasta la salida de la sede judicial. Pide que se le conduzca por agentes de la autoridad, que se garantice su protección a la llegada y al acceso, que permanezca en una dependencia reservada y custodiada hasta que sea llamada a declarar y que reciba protección en la salida y el traslado posterior a un lugar seguro.
La testigo afirma que desde hace años viene sufriendo amenazas de muerte y añade: “Mi voluntad es comparecer y colaborar con la Administración de Justicia”. Por ese motivo, sostiene que necesita una respuesta preventiva que no se limite al interior de la dependencia en la que deba declarar.
El temor que dice sufrir
Rocho también vincula su petición a un homicidio ocurrido en Badajoz. Dice que ese suceso ha incrementado de forma intensa su temor por su vida e integridad física, aunque subraya que no afirma una vinculación acreditada entre ese homicidio y las amenazas que dice sufrir, ni atribuye su autoría a ninguna de las personas investigadas en estas diligencias.
Además, recuerda en su escrito que su marido y su padre fueron asesinados días después de recibir amenazas, extremo que expone como parte del riesgo que dice padecer.
La declaración ante Pedraz
El juez instructor, Santiago Pedraz, acordó mantener la testifical de Rocho para el 24 de noviembre, al considerar que “podría poseer conocimiento” sobre el caso, y rechazó así el recurso del exjuez Luis Sáenz de Tejada contra esa comparecencia.
Rocho declaró ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Sáenz de Tejada le indicó que la jueza Beatriz Biedma “era un puto grano en el culo y había que eliminarla”, y que la intención, según relató, era causarle daño físico. El exjuez, por su parte, aseguró ante el juez que se refería a eliminar judicialmente.
En esta causa, Pedraz investiga si existió una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según la información recogida en la causa, esa trama habría estado dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.
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