El Inquilinato Badajoz, Sindicato de Inquilinas de Badajoz, ha informado de que ha logrado aplazar durante al menos dos meses la ejecución del desahucio de Antonio, un vecino de 68 años de Badajoz cuya salida estaba prevista para este miércoles. La organización sostiene que la suspensión se ha conseguido a través de gestiones con la empresa y el juzgado y la considera un respiro, aunque insiste en que no resuelve el conflicto.
Según explicó su portavoz, Daniel Ponte Balas, Antonio vivía de alquiler en la Ronda Norte junto a su mujer y la madre de ésta, de unos 83 años. Ponte señaló que el hombre, fotógrafo de profesión y jubilado por un problema de visión, llevaba en la vivienda alrededor de diez años y pagaba “religiosamente” la renta hasta que la propiedad fue vendida a un fondo de inversión con sede en Madrid y vinculado a una matriz situada en Reino Unido.
Una deuda reclamada años después
Inquilinato Badajoz sostiene que la anterior propietaria no comunicó la venta ni el cambio de arrendador, de modo que Antonio siguió abonando el alquiler a quien ya no era dueña del inmueble. Siempre según la versión del sindicato, el nuevo titular no reclamó nada durante un tiempo y después exigió una deuda de 30.000 euros, una cantidad que el vecino no podía afrontar. A partir de ahí, añade la organización, se inició el procedimiento de desahucio que ahora ha quedado aplazado.
Ponte describió además presiones y llamadas con tono amenazante por parte del fondo, así como visitas a horas intempestivas, y dijo que esas circunstancias agravaron la situación personal de Antonio. El portavoz afirmó que el vecino arrastra también secuelas de salud: además del problema de visión, “parecer ser” que sufrió en su día un accidente isquémico y que tiene dificultades cognitivas, de memoria y para explicarse.
El sindicato pide una solución definitiva
“Él respira por ahora”, dijo Ponte Balas, que calificó el aplazamiento como un margen para seguir trabajando. Inquilinato Badajoz anunció que intentará reunir apoyos para que el lanzamiento no se retrase solo de forma temporal y para que se busque una salida que permita a Antonio permanecer en su casa. En su opinión, si existe una deuda u otro asunto económico, debería resolverse sin expulsarlo de la vivienda.
La organización también criticó la respuesta del Ayuntamiento de Badajoz, al que reprocha haber planteado como solución el traslado a una residencia. El sindicato defiende que las tres personas afectadas quieren seguir viviendo en su hogar y reclama “una alternativa habitacional de verdad”.
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