La Fundación Abogados Cristianos ha manifestado su firme convicción de que el proceso judicial en curso por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz, ha revelado de manera "evidentísima" la comisión de delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Esta contundente afirmación ha sido el eje central de los informes finales presentados este lunes por Polonia Castellanos, presidenta de la organización, ante la Audiencia Provincial de Badajoz. El caso investiga la incorporación de David Sánchez en 2017, primero como coordinador de actividades de los conservatorios y, posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
La letrada ha fundamentado su argumentación en el "demoledor informe" elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO), calificándolo de un documento que "no tiene desperdicio" por su exhaustividad y claridad. En contraste, Castellanos ha desestimado la validez de las declaraciones de aquellos testigos que poseen el "carné del PSOE" y que han comparecido durante el juicio, sugiriendo una posible falta de objetividad debido a su afiliación política y dependencia orgánica.
Las acusaciones de Abogados Cristianos
Durante su intervención, la presidenta de Abogados Cristianos ha desglosado el proceso en tres presuntas irregularidades principales. La primera se refiere a la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios. La segunda, a la posterior modificación de este puesto, que "no gusta esa plaza", para dar origen a la Oficina de Artes Escénicas. Finalmente, la tercera irregularidad señalada es "la creación de otra plaza para el amigo", en alusión a la contratación de Luis Carrero, a quien la letrada se ha referido irónicamente como el 'hermanito'.
En relación con la plaza de coordinador, Polonia Castellanos ha recordado las declaraciones de varios testigos que indicaron que "esa plaza no se necesitaba". Según estos testimonios, las necesidades reales de la Diputación pasaban por "un puesto de pianista, una ayuda para las bibliotecas, pero que esa plaza no se necesita en ningún momento". La abogada ha expresado su asombro ante la situación: "De repente nos encontramos con que esa plaza se tiene que crear" porque "lo han decidido de arriba". Esta decisión, según Castellanos, sería atribuible al entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. La letrada ha lamentado la "burda" y "cutre" naturaleza de este caso de corrupción, destacando que "se pide hasta a los directores de conservatorio, que indiquen cuáles van a ser las funciones de su superior", una situación que ha calificado de "despropósito".
El "procedimiento viciado" y la implicación de la UCO
La Fundación Abogados Cristianos ha puesto de manifiesto que el contrato de coordinador de actividades de los conservatorios fue diseñado como un puesto de alta dirección. El informe de la UCO, según ha citado Castellanos, "se evidencia un conocimiento previo del adjudicatario", refiriéndose a David Sánchez "antes siquiera del proceso selectivo". Esta circunstancia, a juicio de la acusación, es una prueba irrefutable de la predeterminación del proceso.
La letrada ha calificado de "tremendo que para tratar de dar cobertura legal a todo este procedimiento viciado", se convocara a otros aspirantes, como Cristina de Frutos, y se les "haga pasar por hacer una entrevista cuando ella ya sabía que ni siquiera la iban a contratar". Esta práctica, según Castellanos, "ha mezclado a terceros en un procedimiento corrupto", afectando la reputación y el tiempo de personas ajenas a la trama.
La prueba "testifical clave" en este juicio, ha insistido Castellanos, ha sido la declaración de la UCO. Este informe revela la existencia de "un impulsor que va más allá del área de Recursos Humanos, que también está implicada, y más allá del área de Cultura, que es el área de Presidencia". Esta conclusión se sustenta en correos electrónicos donde se menciona que "han decidido" la creación de la plaza, apuntando directamente a la cúpula de la institución como origen de las decisiones irregulares.
El papel "determinante" de Miguel Ángel Gallardo
Durante el proceso, la defensa intentó argumentar que el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, no tuvo implicación alguna, basándose en que había apoyado a Susana Díaz en las primarias del PSOE, en contraposición a Pedro Sánchez. Sin embargo, Polonia Castellanos ha refutado esta línea de defensa, sugiriendo que, por el contrario, a Gallardo le interesaba "de alguna manera, ir a bien con esta persona" que había ganado las primarias, lo que podría haber motivado su participación en la contratación.
La letrada de Abogados Cristianos ha sido categórica al afirmar que "el papel del señor Gallardo es determinante para la adjudicación del puesto". Ha subrayado que "las pruebas de la UCO son más que suficientes, además son pruebas totalmente objetivas". En este sentido, ha recalcado la diferencia de peso probatorio entre un informe técnico y las declaraciones de testigos con intereses. "No podemos pretender que un informe realizado por la UCO tenga la misma validez que las declaraciones realizadas por personas con el carné del PSOE que trabajan para la Diputación y que tienen una dependencia orgánica", ha sentenciado Polonia Castellanos.
La presidenta de la Fundación ha reiterado que, cuando "el hermanísimo, se queda sin trabajo, porque acaba de acabar un máster, se le crea un puesto ad hoc de alta dirección, al que ni acude", y posteriormente, "como este puesto no le gusta, porque a él le gusta la ópera, se le crea otro". Esta secuencia de hechos, según la acusación, evidencia una clara manipulación de los recursos públicos para beneficiar a una persona específica.
Irregularidades en la Oficina de Artes Escénicas y el caso Carrero
En cuanto al procedimiento administrativo seguido para la creación del puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, Castellanos ha aseverado que este proceso "no es válido". Ha criticado que "no se guarda ni el fondo, pero es que vemos que aquí tampoco se guarda ni la forma", lo que denota una total falta de respeto por la legalidad y los procedimientos establecidos.
La exposición de los informes finales también ha dedicado una "mención especial" a la contratación de Luis Carrero en la Diputación de Badajoz, considerado el "tercer pilar" de este entramado. Según la letrada, a Carrero "le crean el puesto, es el único que se presenta y cierran las solicitudes cinco días más tarde siendo el único candidato". Este proceso, a su juicio, es "tremendamente burdo" y revela una manipulación flagrante.
La trama se complica cuando se observa que David Sánchez, en su rol de coordinador de actividades de los conservatorios, "no va ni siquiera al trabajo". Posteriormente, al preferir la ópera, se le traslada al puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, pero "nos encontramos que esto tampoco lo estaba haciendo, que se lo estaba haciendo el señor Carrero", ha detallado la letrada, sugiriendo que Carrero realizaba las funciones que supuestamente correspondían a Sánchez.
Conclusiones sobre la participación de los acusados
Finalmente, respecto a la implicación de los acusados, la letrada de Abogados Cristianos ha afirmado que David Sánchez "es el beneficiario" directo de esta cadena de irregularidades. Ha enfatizado que "el puesto es creado a su medida, se simula una legalidad procedimental que luego decae", y que posteriormente "cambia de nomenclatura un puesto cuando realmente no tiene nada que ver y realmente es que no trabajo nunca". La participación de David Sánchez, ha concluido Castellanos, "es el quid de toda esta corrupción, es totalmente evidente".
En cuanto a Miguel Ángel Gallardo, la abogada ha señalado que, en su calidad de máximo responsable de la Diputación de Badajoz, "conoció y participó de forma directa en la creación de un puesto a medida para ser adjudicado al señor Sánchez". Además, se le acusa de haber "consentido y permitido un aparente cambio de nomenclatura" al puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, lo que refuerza la tesis de su implicación activa en la trama.
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