Vox presentó este sábado, durante su Asamblea General Ordinaria, un Programa de Desregulación que incluye la supresión de los planes de igualdad y LGTBI obligatorios en las empresas, del registro horario universal y de la cita previa obligatoria en la Administración, entre otras medidas.
Según el documento recogido, la formación de Santiago Abascal defiende que su propuesta parte de una revisión “profunda” de la normativa y la burocracia, y precisa que estas medidas no agotan todas las iniciativas que plantea o prevé impulsar en los gobiernos en los que participa, en Extremadura, Aragón y Castilla y León, sino que forman parte de la arquitectura de desregulación “integral” que quiere aplicar.
El partido sostiene que la “hiperregulación” ha provocado “decrecimiento, desmantelamiento o decadencia” en distintos ámbitos de la economía y sitúa el foco en el sector primario, la energía, la industria, la vivienda, el sistema autonómico y la inmigración masiva. En esa línea, plantea derogar los planes de igualdad y los planes LGTBI obligatorios en las empresas, al considerar que la igualdad ante la ley ya está garantizada por la Constitución y que esas exigencias suponen “burocracia ideológica disfrazada de progreso”.
Vox también propone eliminar el protocolo de desconexión digital obligatorio y acabar con el registro horario universal. A juicio del partido, esa obligación se ha convertido en una carga para teletrabajadores, profesionales que trabajan por objetivos, autónomos con empleados y pequeñas y medianas empresas. El programa sostiene que la Administración intervendrá solo cuando haya indicios “reales” de abuso.
Entre sus medidas laborales y empresariales, la formación plantea derogar el plan de movilidad sostenible obligatorio y adaptar el plan de riesgos laborales al riesgo real de cada actividad. Vox argumenta que la aplicación general de la normativa a microempresas y pymes ha llenado su actividad diaria de cursos, protocolos y certificaciones sin utilidad práctica. También critica lo que denomina la “trampa” de los 50 empleados, al afirmar que una pyme que pasa de 49 a 50 trabajadores se convierte en “un monstruo burocrático” por la acumulación de nuevas obligaciones.
En el ámbito administrativo, Vox asegura que acabará con la obligación de cita previa, que considera “un muro para no atender” al ciudadano. El partido conecta esta propuesta con la iniciativa aprobada en el Congreso con los votos a favor de PP, Vox, Junts, PNV, Podemos y BNG, que instó al Gobierno a eliminar la obligatoriedad de la cita previa en la Administración y permitir la atención presencial sin reserva.
El programa también incluye la promesa de que cada nueva ley derogue tres normas vigentes. Según el texto, toda ley nueva deberá identificar en su propio articulado qué tres disposiciones elimina y, si no lo hace, no podrá tramitarse ni aprobarse. Vox justifica esta medida en que las legislaturas han ido añadiendo normas sin retirar ninguna.
Ley de Mercado Abierto
Otra de las propuestas centrales es la aprobación de una Ley de Mercado Abierto para que cualquier empresa, profesional o producto que ya opere legalmente en una comunidad autónoma pueda hacerlo en el resto del territorio nacional sin trámites, licencias ni registros adicionales. Junto a ello, Vox quiere implantar una sola base de datos para toda la Administración, de forma que el ciudadano no tenga que volver a entregar documentos, certificados o datos que ya obren en poder del Estado.
La formación también plantea suprimir los “mercados parasitarios” surgidos, según su planteamiento, al calor de la burocracia, y cita como ejemplos la reventa de citas en Extranjería o para el DNI. Además, propone generalizar el silencio administrativo positivo y la declaración responsable, aunque excluye de ese criterio materias vinculadas a la soberanía nacional y al control de quién entra y permanece en España, como nacionalidad, residencia, permisos de trabajo a extranjeros e inmigración en general.
En el terreno territorial, Vox defiende leyes de armonización para poner fin al “caos autonómico” y anuncia que el Estado recuperará el uso del artículo 150.3 de la Constitución para imponer reglas comunes allí donde, según su diagnóstico, las comunidades autónomas han convertido España en “diecisiete países distintos”.
El documento también recoge medidas para el comercio, como la libertad de promociones, rebajas y campañas comerciales, el fin de la doble licencia comercial y una sola norma para toda España, armonizada con Europa, sobre etiquetado y envasado.
En energía, Vox pide una tramitación exprés para autorizar la construcción de líneas, subestaciones y puntos de conexión a la red, así como acceso real a la red para quienes quieran invertir en España. También propone agilizar el almacenamiento energético, con prioridad al bombeo hidráulico.
Sobre el agua, el partido asegura que “ni una gota más” irá al mar “mientras el campo se seca” y sostiene que faltan infraestructuras para trasladar el agua de donde sobra a donde hace falta. En ese capítulo, promete aplicar a las infraestructuras hidráulicas la misma tramitación exprés que al resto de proyectos: plazos cerrados, una sola evaluación ambiental y silencio positivo.
El texto de Vox incluye además referencias a leyes que derogaría, entre ellas la de vivienda, la de cambio climático, la reforma laboral, la de movilidad sostenible y los planes de igualdad.
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