La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó este lunes que es “perfectamente factible” que comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular respalden la reforma impulsada por el Gobierno para que la interrupción voluntaria del embarazo mediante aborto farmacológico pueda realizarse en centros de salud.
Reforma y objetivo en Atención Primaria
En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, García defendió que el objetivo es que las mujeres puedan resolver este proceso con su médico de Atención Primaria, al que ya conocen y con el que, según dijo, mantienen una relación de confianza. “Cuando tú tienes confianza, tienes un médico de referencia que normalmente suele ser tu médico de Atención Primaria y tienes que resolver una interrupción voluntaria del embarazo, puede ser tu médico de Atención Primaria el que lo resuelva, el que le haga el seguimiento y con el que tienes la máxima confianza para poder hacer este servicio”, explicó.
A juicio de la ministra, la extensión de esta prestación a los centros de salud requiere modificar “una serie de órdenes ministeriales”, algunas relacionadas con la cartera común de servicios que afecta a las comunidades autónomas. Un cambio que, añadió, “sí” ve “perfectamente factible”.
Cantabria como ejemplo
Preguntada por si las comunidades del PP respaldarán la medida, la ministra citó a Cantabria y a otras autonomías gobernadas por los ‘populares’ que, según su planteamiento, ya registran una elevada proporción de interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública.
En concreto, señaló que “hay muchas comunidades autónomas del Partido Popular, no será Madrid ni Andalucía, pero algunas otras sí”, y mencionó que Cantabria “ya tienen casi el 80, 90 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo dentro de la sanidad pública y en parte por el aborto farmacológico”.
Cambios normativos que impulsará Sanidad
El Ministerio de Sanidad anunció este lunes que impulsará los cambios necesarios para incorporar la interrupción voluntaria del embarazo mediante el método farmacológico a la cartera común de servicios de Atención Primaria. Para ello, prevé modificar el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios, adaptar la ficha técnica de la mifepristona para permitir su uso fuera del ámbito hospitalario y actualizar la cartera común del Sistema Nacional de Salud.
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