La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este viernes que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha rechazado la propuesta de Real Decreto sobre listas de espera, una decisión que ha calificado de “irresponsabilidad política”. Según ha explicado, el texto pretendía introducir indicadores para que los datos fueran más homogéneos, verificables y accesibles públicamente.
García ha sostenido que el PP y las comunidades gobernadas por ese partido han bloqueado una medida que consideraba “fundamental” para los pacientes y para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. La ministra ha confirmado además que la norma será sometida a audiencia pública “para que todos los ciudadanos puedan ver cuál es el texto”.
Cambios previstos en los datos de espera
La ministra ha defendido que el decreto planteaba indicadores “muy sencillos” y “casi obvios”. Entre ellos, ha citado la obligación de facilitar los datos trimestralmente, con referencias mensuales, en lugar de cada seis meses. Según su explicación, ese cambio buscaba evitar que se alterara la información en momentos concretos del año.
También ha señalado que el objetivo era que los datos contaran con verificación digital y pasaran a formar parte de la estadística oficial, de modo que se convirtieran en un documento público “con todas las garantías” y “que no se pueda manipular”. La intención, ha resumido, es saber “cuánto han esperado, hasta el final del proceso, las personas que están en tu mismo procedimiento”.
“Estamos hablando de la vida de la gente” y “de las patologías, de las incertidumbres, de los miedos de la gente”, ha dicho García, que ha descrito la reforma de las listas de espera como “un elemento absolutamente nuclear” y ha añadido que la meta es darles “transparencia” y “trazabilidad”.
Críticas a la opacidad y al sistema vigente
La titular de Sanidad ha insistido en que el rechazo del texto supone mantener la “opacidad” y seguir sin conocer, a su juicio, la verdadera dimensión del problema. En su intervención, ha acusado a las comunidades del PP de votar en contra del derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz sobre su situación sanitaria.
García ha recordado que el acceso a los servicios sanitarios es “uno de los principales problemas de nuestra Sanidad” y que el decreto llevaba dos años de trabajo con la idea de simplificar y homogeneizar los indicadores. “Es muy difícil pedirle a los ciudadanos que confíen en sus Gobiernos cuando estos Gobiernos se niegan a enseñarles los datos reales”, ha afirmado.
La ministra ha defendido que las listas de espera deben reducirse y no “maquillarse”, y ha descrito la normativa vigente como obsoleta desde 2003 y comparable a “una especie de caja negra en la que no se conoce toda la información”.
La financiación sanitaria, otro frente con Madrid
En la misma comparecencia, García ha señalado que la financiación directa del Gobierno a las comunidades autónomas en materia sanitaria se ha incrementado un 1.000 por ciento en los últimos siete años, con 3.700 millones de euros destinados. También ha cifrado en unos 300.000 millones de euros el aumento de la financiación autonómica en ese periodo.
Sus declaraciones llegan después de que la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, cuestionara el destino de esos fondos. García ha respondido que cerca de 40.000 millones de esos 300.000 millones han correspondido a la Comunidad de Madrid y ha afirmado que todos los años se ha incrementado “la mitad de todo el presupuesto en Sanidad” para esa región.
La ministra ha añadido que esos recursos no se han traducido, a su juicio, en mejoras laborales para los profesionales ni en un mayor gasto sanitario en la comunidad.
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