La Policía detuvo a nueve activistas de Greenpeace después de que desplegaran una pancarta en el Arco de Moncloa para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla el calendario de cierre nuclear, según informó la organización.
Fuentes policiales consultadas por Europa Press confirmaron las detenciones, aunque no especificaron el número de personas detenidas.
Greenpeace indicó que los activistas, tras la intervención, se encontraban a la espera de prestar declaración y de conocer los cargos que se les imputan, además de saber si quedarían en libertad o si pasarían a disposición judicial.
La protesta incluyó una pancarta con el mensaje: “Pedro, cumple tu palabra. Di no a las nucleares”.
Informe del CSN y calendario de cierre
La acción se produjo un día después de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable, con condiciones, sobre la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz, que aplica a sus dos unidades.
Según Greenpeace, el informe preceptivo del CSN “solo establece las condiciones técnicas para mantener la seguridad nuclear” y “no cambia la responsabilidad del Gobierno” sobre la decisión de conceder o rechazar una eventual extensión extraordinaria solicitada por las compañías eléctricas para prolongar el funcionamiento de los reactores extremeños por dos y tres años, respectivamente.
La organización recordó que, de acuerdo con la Orden Ministerial TED/773/2020, los reactores I y II de Almaraz son los primeros del parque nuclear español que deben cerrar en 2027 y 2028, respectivamente.
Reacción de Greenpeace
Francisco del Pozo, responsable de la campaña de energía en Greenpeace, señaló que “realizar una protesta pacífica contra Almaraz es totalmente lícito”.
El portavoz añadió que “la gente se está muriendo, literalmente, por el calor y el fuego y no podemos demorar más la transición energética urgente”. Según la organización, Pedro Sánchez no puede “ceder al chantaje nuclear” y sus tres premisas para extender Almaraz —sostener que el suministro está garantizado por las renovables, que la prórroga aumentará las emisiones y que el coste superará los 3.800 millones de euros para la ciudadanía— ya habrían caído.
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