La investigación del caso Koldo abre un nuevo frente con una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que incluye seis órdenes de detención, un registro en la vivienda de la pareja de José Luis Ábalos y requerimientos de documentación a Adif y a la constructora Azvi.
Las actuaciones han sido ordenadas por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que este miércoles abrió una nueva pieza separada bajo secreto tras recibir un informe de la UCO. Las diligencias se desarrollan en Córdoba, Valencia, Madrid y Sevilla.
Entre las personas detenidas se encuentra Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes. Los agentes han vuelto a registrar este jueves su domicilio en Valencia, del que han salido con varias cajas. Ábalos permanece en prisión tras su condena por el Tribunal Supremo.
La orden judicial también incluye a Cristian Corvillo, a quien el PP señala como chófer de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017. Los populares ya lo habían citado en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde se negó a declarar.
La vinculación de Corvillo con Aldama
Corvillo compareció el pasado 3 de septiembre como testigo ante el juez Santiago Pedraz, instructor del caso hidrocarburos. En aquella declaración reconoció encuentros con Ábalos por asuntos relacionados con el PSOE y explicó que tanto él como su hermano Rubén habían mantenido una vinculación empresarial con Víctor de Aldama, aunque sostuvo que los negocios no llegaron a fructificar.
La dirección del PSOE de Córdoba ha precisado este jueves que Corvillo es empresario y militante de base, y que carece de cargos orgánicos o institucionales en representación del partido.
Documentación de Adif y Azvi
Otra de las actuaciones de la UCO consiste en recabar información de Adif. Los investigadores también se han desplazado a Sevilla para requerir documentación a Azvi, cuyo presidente, Manuel Contreras, negó durante el juicio del caso mascarillas haber entregado dinero a la presunta trama.
La constructora ha confirmado que ha atendido el requerimiento y ha evitado detallar qué documentación se le ha solicitado debido al secreto de las actuaciones. La compañía ha expresado su tranquilidad y su confianza en el trabajo de los investigadores.
Por el momento, el secreto de la nueva pieza impide conocer el alcance concreto de las pesquisas que han motivado esta operación y las seis órdenes de detención para tomar declaración.
Moreno mantiene además abiertas otras líneas de investigación sobre presuntos amaños de contratos de obra pública y sobre los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 para reintegrar gastos anticipados, estos últimos también bajo secreto.
La parte del caso relativa a la compra de mascarillas fue juzgada parcialmente por el Tribunal Supremo, que condenó a Ábalos a 24 años de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 y a Aldama a cuatro. El tribunal permitió al empresario evitar el ingreso en la cárcel por su colaboración con la Justicia, condicionado a que no vuelva a delinquir.
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