Las personas designadas para integrar las mesas electorales en las elecciones generales del 29 de noviembre cobrarán una dieta de 75 euros por su participación en la jornada de votación. La cuantía supone cinco euros más que la fijada por el Estado en los comicios de julio de 2023.
Cada mesa estará compuesta por un presidente y dos vocales, además de dos suplentes para cada uno de esos tres puestos. En total, los nueve integrantes se elegirán en sorteos que organizarán los ayuntamientos entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre.
En el sorteo participarán los electores censados en cada sección que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años. Los mayores de 65 podrán renunciar a su designación.
Requisitos para presidir y funciones de la mesa
Para asumir la Presidencia de una mesa electoral, además, será necesario contar con el título de Bachiller o de Formación Profesional de segundo grado o, de forma subsidiaria, con el de Graduado Escolar o equivalente.
Los miembros de las mesas se encargarán de recoger los votos, comprobar la inscripción de los electores en el censo y realizar el escrutinio al cierre de la votación, primero de las papeletas del Congreso de los Diputados y después de las del Senado.
Permisos y sanciones
Durante toda la jornada y en el recuento podrán estar presentes representantes de los partidos políticos. El Gobierno ha fijado la dieta de 75 euros para compensar más de doce horas de servicio público, frente a los 70 euros establecidos en 2023.
Además, los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que formen parte de las mesas tendrán derecho a un permiso retribuido de jornada completa si el día de la votación es laborable y, en todo caso, a una reducción de cinco horas de su jornada del lunes 30 de noviembre.
La legislación establece que la participación en las mesas es obligatoria tanto para los titulares como para los suplentes. Quienes no acudan, abandonen sus funciones sin causa legítima o incumplan injustificadamente sus obligaciones de excusa o aviso previo podrán enfrentarse a penas de prisión de tres meses a un año o a multas de seis a veinticuatro meses.
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