Junts per Catalunya ha anunciado este jueves por la noche que no apoyará los dos decretos de vivienda que el Gobierno someterá este viernes, 2 de octubre, a la convalidación del Congreso. La ejecutiva del partido reclama que el Ejecutivo retire ambos textos y elabore una nueva propuesta para afrontar los problemas de acceso a la vivienda.
La decisión supone un revés para el Gobierno de Pedro Sánchez cuando apenas quedan unas horas para la votación. Con las posiciones anunciadas por los grupos, el rechazo de Junts deja los decretos sin la mayoría necesaria para salir adelante, salvo que se produzca un cambio de última hora.
La formación independentista sostiene que las medidas tendrán consecuencias contrarias a las que persigue el Ejecutivo. Según su comunicado, reducirán la oferta de viviendas en alquiler, elevarán los precios y harán todavía más difícil encontrar casa a las personas con menor capacidad económica.
Junts pide que se redacte un texto alternativo y que, una vez acordado, se convoque un Consejo de Ministros para aprobarlo mediante un nuevo real decreto ley. El partido condiciona su voto favorable a esa nueva propuesta, por lo que su anuncio no se limita a reclamar modificaciones durante la tramitación parlamentaria: exige sustituir los decretos que llegan este viernes al Congreso.
Dos decretos con medidas distintas para el alquiler
El Consejo de Ministros aprobó los dos textos el pasado 29 de septiembre, en medio de las movilizaciones por el acceso a la vivienda y tras la repercusión del desahucio de Maricarmen, que se convirtió en uno de los símbolos de las protestas. El Gobierno presentó el paquete como una respuesta para reforzar la protección de los inquilinos y actuar frente a las prácticas especulativas.
El primero reúne medidas sobre desahucios, alquileres y fiscalidad. Entre ellas figura una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual, que debe solicitar el arrendatario y está sujeta a requisitos, como encontrarse al corriente del pago. También contempla protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta finales de 2030.
El paquete incluye además la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, restricciones a las compras de vivienda por entidades consideradas fondos especulativos y bonificaciones fiscales. El segundo decreto aborda la renovación automática de los contratos de alquiler, una de las medidas que ha generado mayores discrepancias entre los grupos llamados a sostener al Ejecutivo.
La separación de las medidas en dos textos permitía que cada uno se votara de forma independiente. Esa fórmula había abierto la posibilidad de que prosperase el primer decreto aunque el segundo fuera rechazado. El anuncio de Junts compromete también esa opción.
El rechazo llega después de los apoyos de Podemos, PNV y Coalición Canaria
Durante este jueves, el Gobierno había conseguido despejar algunas incógnitas. Podemos anunció que sus cuatro diputados respaldarían ambos decretos, pese a considerar insuficientes las medidas, después de que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas solicitara su apoyo.
El PNV, por su parte, decidió votar a favor del primer texto y rechazar el segundo. Los nacionalistas vascos mantienen reservas sobre la eficacia del conjunto de las medidas, pero aceptan respaldar las disposiciones de protección y los incentivos fiscales. Su oposición a la renovación automática se fundamenta en el perjuicio que, a su juicio, puede ocasionar a los pequeños propietarios y a la oferta de alquiler.
Coalición Canaria adoptó la misma posición: apoyo al primer decreto y voto contrario al segundo. Con esos respaldos, la decisión de Junts resultaba determinante para la convalidación del primero. La formación catalana ha terminado anunciando su rechazo a los dos.
El PP y Vox también habían avanzado su voto negativo. Los populares cuestionan la seguridad jurídica de las medidas y sostienen que no contribuirán a ampliar la oferta de vivienda, mientras el Ejecutivo defiende que el paquete permitirá proteger a los hogares y dar mayores garantías a los pequeños arrendadores.
Antes de conocerse la decisión de Junts, Sánchez había reclamado a los grupos que facilitaran la aprobación de los decretos y respondieran a las demandas expresadas en las calles. La votación de este viernes pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para reunir una mayoría en torno a su respuesta a la crisis de vivienda, con Junts reclamando que la negociación vuelva a empezar sobre un nuevo texto.
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