El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha abierto una consulta pública previa sobre un nuevo proyecto de real decreto para modificar la normativa de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. El departamento que dirige Diana Morant retoma así la tramitación de unos requisitos que ya estaban incluidos en la norma aprobada el año pasado y que el Tribunal Supremo anuló por falta de justificación en su tramitación urgente.
Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio, el periodo de participación pública permanecerá abierto desde el 15 de octubre hasta el 30 de octubre de 2026. El trámite busca recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de elaborar el texto normativo definitivo.
La sentencia del Supremo
El Tribunal Supremo anuló el real decreto anterior al estimar un recurso de la comunidad autónoma de las Islas Baleares. En su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluyó que el acuerdo de tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación «no está debidamente justificado» y que, por tanto, la omisión del trámite de consulta previa «carecía del amparo legalmente exigido».
La resolución impuso además las costas a la Administración General del Estado, fijadas en 6.000 euros.
Qué quiere volver a cambiar el Gobierno
En el documento sometido a consulta, el Gobierno sostiene que existe el riesgo de que se consoliden modelos universitarios que no respondan a los estándares de calidad docente e investigadora que, según el texto, han caracterizado históricamente a la universidad española. También advierte de un posible impacto sobre el prestigio, la credibilidad y la competitividad internacional del sistema universitario, así como sobre la confianza de estudiantes, familias y empleadores en los títulos españoles.
El Ministerio considera «necesario» revisar el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, para reforzar las garantías exigibles a los nuevos proyectos universitarios y asegurar estándares homogéneos de calidad en todo el sistema. Añade que la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de esa norma ha mostrado la conveniencia de actualizar requisitos y procedimientos.
Los requisitos previstos
El texto que el Gobierno quiere volver a aprobar incorpora varias exigencias que ya figuraban en la norma anulada. Entre ellas, que las universidades cuenten con una masa crítica de 4.500 estudiantes, así como con un aval bancario u otro instrumento legal similar que acredite la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sostener el proyecto.
También prevé un informe de evaluación preceptivo y vinculante de la ANECA o de las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria. En el caso de las universidades online, el reconocimiento tendría que ser aprobado por las Cortes Generales y contar con un informe vinculante de la ANECA.
La propuesta incluye asimismo que, en la memoria del proyecto, figure el compromiso de disponer a los tres años de funcionamiento de plazas de alojamiento equivalentes al 10% de los estudiantes. Además, la universidad debería destinar el 5% de su presupuesto a impulsar la investigación y garantizar que el 50% de su profesorado sea doctor, con un 60% de ese personal con evaluación positiva y al menos un sexenio de investigación.
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