El Gobierno confía en sacar adelante este martes un real decreto con medidas de vivienda después de que el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años expulsada de su casa en Madrid, haya reactivado las negociaciones con varios grupos parlamentarios, según fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.
Un cambio de escenario tras el desahucio
En Moncloa consideran que el caso ha supuesto "un punto de inflexión" y que distintos partidos, hasta ahora bloqueados en sus posiciones, han asumido que tendrán que ceder para cerrar al menos un acuerdo de mínimos. El Ejecutivo sostiene que el clima político ha cambiado a raíz de la reacción social provocada por el desahucio retransmitido en directo en el barrio de Retiro y de la movilización que ha seguido al caso.
Hasta ahora, las principales dificultades para cerrar un pacto estaban en Junts y Podemos, con vetos cruzados. Según el mismo entorno, Junts reclama medidas favorables a los propietarios, como bonificaciones fiscales, mientras que Podemos defiende expropiaciones masivas y control de precios.
Avances con Junts y choque por la expropiación
Con Junts, las conversaciones han avanzado pese a que las relaciones estaban oficialmente rotas desde hace un año. Los socialistas están estudiando las propuestas que la portavoz Míriam Nogueras entregó en mano a Pedro Sánchez hace dos semanas, y en las últimas horas la formación de Carles Puigdemont ha trasladado optimismo al considerar que el PSOE ve "con buenos ojos" sus planteamientos.
Más difícil parece la propuesta defendida por Sumar de expropiar el piso de Maricarmen al fondo propietario para realojarla. La mujer permanece ingresada en el hospital desde que dejó la vivienda en la que había vivido durante 70 años. El ministro Félix Bolaños dijo el viernes en Bilbao que no comparte las fórmulas de expropiación "que no llevan a ninguna parte" y que tampoco encuentran "encaje claro en la Constitución española".
Negociación abierta hasta el Consejo de ministros
El ministro Pablo Bustinduy, de Sumar, replicó que seguirá defendiendo esa vía porque la considera "de sentido común" y porque, a su juicio, tiene amparo en la legislación vigente. Pese a esas discrepancias, el objetivo del Gobierno es cerrar un texto de consenso con alguna iniciativa para prohibir o limitar los desahucios e impedir que se repita una situación como la de la semana pasada.
La negociación, según fuentes del Ejecutivo, seguirá durante todo el fin de semana y más allá, hasta el último minuto antes del Consejo de ministros del martes. Después, el decreto tendrá que ser convalidado en el Congreso en un plazo máximo de 30 días, y el Gobierno quiere evitar una nueva derrota parlamentaria como las sufridas en febrero y abril de este año, cuando Junts votó junto a PP y Vox.
Añadir La Portada de Extremadura como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.