El Congreso ha tumbado este viernes, 2 de octubre, los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, después de una sesión marcada por el enfrentamiento político, una última intervención de Pedro Sánchez para reclamar su apoyo y las protestas de cientos de personas en las inmediaciones de la Cámara. La derrota deja sin continuidad las nuevas medidas contra los desahucios y las prórrogas obligatorias de los alquileres, y abre una incógnita sobre la respuesta del presidente: Sánchez sopesa un adelanto electoral, pero todavía no ha tomado una decisión.
PP, Vox y Junts han sido determinantes en el rechazo a los textos. En la votación del segundo decreto, dedicado a la renovación de los contratos de alquiler, se han sumado al bloque contrario PNV, Coalición Canaria y UPN. El resultado de esa votación ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor, insuficientes para mantener una norma que había entrado en vigor apenas unas horas antes.
La sesión ha concluido con la derogación de ambos decretos y con la crisis de vivienda convertida también en una crisis parlamentaria para el Ejecutivo. Fuera del hemiciclo, los manifestantes han recibido el resultado entre abucheos, lágrimas y gritos de “vergüenza”, antes de regresar a la acampada de la Puerta del Sol y reclamar una huelga general.
El horizonte inmediato queda ahora en manos de Sánchez. El presidente se dispone a valorar durante el fin de semana si mantiene la legislatura o convoca elecciones. El 29 de noviembre sería la primera fecha disponible si activa de inmediato el adelanto, aunque ese calendario sigue siendo una posibilidad y no una convocatoria confirmada.
Sánchez escucha antes de decidir
La derrota no ha ido acompañada de un anuncio inmediato de disolución de las Cortes. Sánchez ha escuchado durante la jornada distintas opiniones sobre cómo responder al rechazo de las medidas, mientras dentro del Ejecutivo conviven posiciones y expectativas diferentes.
Según la información recabada desde el PSOE, el presidente ha pasado buena parte de la mañana en las dependencias del Gobierno en el Congreso, donde ha recabado valoraciones de ministros y otros interlocutores políticos. El relato describe a un Sánchez que consulta y escucha, sin trasladar una decisión definitiva sobre la continuidad de la legislatura.
Algunos ministros consideran probable que termine convocando elecciones; otros no lo dan por hecho. Esa diferencia de impresiones mantiene abierta la incertidumbre. La decisión corresponde al presidente y, hasta ahora, las expectativas de sus interlocutores no se han traducido en un anuncio público.
El domingo 29 de noviembre aparece como la primera posibilidad electoral si la convocatoria se pone en marcha de forma inmediata. Pero antes de fijar una fecha Sánchez debe resolver la cuestión principal: si el Gobierno puede y quiere seguir adelante tras este revés o si opta por someter el escenario político al voto de los ciudadanos.
Su intervención final en el pleno ha elevado la tensión, aunque tampoco puede interpretarse como una convocatoria anticipada. Al advertir a PP y Junts de que la historia les juzgará “antes de lo que creen”, el presidente ha dejado una frase políticamente significativa, pero sin concretar qué respuesta adoptará.
Dos decretos rechazados y una votación a viva voz
El Gobierno había aprobado el martes dos decretos con los que pretendía responder a la crisis de vivienda. El primero incluía, entre otras medidas, la protección frente a los desahucios hasta 2030, restricciones a la compra de viviendas por fondos buitre hasta 2028, ayudas a la adquisición y bonificaciones fiscales para propietarios.
El segundo, impulsado por Sumar a instancias del Sindicato de Inquilinas, abordaba la continuidad de los contratos de alquiler. Su medida central era la renovación obligatoria mediante prórrogas sucesivas, acompañada de una indemnización para el inquilino en determinados casos si el propietario decidía no continuar con el arrendamiento.
Ambos textos necesitaban superar su convalidación en el Congreso. El anuncio previo de los votos contrarios había dejado al Ejecutivo ante un desenlace adverso, pero el Gobierno mantuvo las normas y las sometió al pronunciamiento de la Cámara.
A petición de PSOE y Sumar, la votación se ha desarrollado de forma pública y por llamamiento. Los diputados se han levantado desde sus escaños para expresar en voz alta su posición. Cada apoyo y cada rechazo han quedado así individualizados durante una sesión que los manifestantes también seguían desde sus teléfonos.
En el segundo decreto han votado a favor PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís. Frente a sus 166 apoyos, PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN han reunido 184 votos contrarios.
Concluido el recuento, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha anunciado que el decreto quedaba derogado y ha levantado la sesión. La norma sobre renovación de alquileres había entrado en vigor a las cero horas de este viernes. Su recorrido ha terminado unas pocas horas después.
La doble votación deja al Gobierno sin el paquete de medidas que había llevado al pleno y confirma que los apoyos reunidos para defenderlo no bastaban para asegurar su continuidad.
La última petición del presidente no cambia el resultado
Antes de las votaciones, Sánchez ha solicitado intervenir desde la tribuna para dirigirse a los grupos parlamentarios. Ha pedido el respaldo a unas medidas que, según su argumentación, buscaban introducir “orden” y “humanidad” en el mercado de la vivienda.
El presidente ha presentado la votación como una decisión con consecuencias directas sobre la vida de millones de personas. Ha advertido de que, si ese mercado no se controla, puede acabar destruyendo la sociedad, y ha reclamado a los diputados que piensen en quienes necesitan el amparo de lo público.
Su llamamiento se ha dirigido especialmente a PP y Junts, a los que ha pedido demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos era mayor que su voluntad de perjudicar al Gobierno. Sánchez les ha instado a dejar a un lado el cálculo político, los argumentarios y las presiones de sus partidos.
También ha defendido que las medidas eran “necesarias, razonables, equilibradas” y que habían sido elaboradas mediante análisis técnico y negociación. Frente a las críticas, ha negado que los decretos contuvieran extremismos.
En su intervención, ha sostenido que el rechazo ocasionaría un daño “inmenso” al país. Ha extendido esa advertencia a la vida cotidiana, el crecimiento económico, la imagen internacional de España y la confianza de los ciudadanos en la democracia y las instituciones.
La frase con la que ha cerrado su apelación ha concentrado buena parte de la atención política: “La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan”.
La petición no ha cambiado los votos anunciados. Los grupos contrarios han mantenido sus posiciones y los dos textos han terminado derogados.
Bustinduy acusa a PP, Vox y Junts de servir al “rentismo”
La defensa del decreto sobre renovación de alquileres ha correspondido al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha protagonizado una de las intervenciones más duras de la sesión.
El ministro ha acusado a PP, Vox y Junts de “traicionar al pueblo” y de ponerse al servicio del “rentismo”. Según su planteamiento, el rechazo a la norma anteponía los intereses de los grandes propietarios y las multinacionales a las necesidades de los ciudadanos.
“Ustedes defienden a los ricos, no tienen bandera ni vergüenza”, ha reprochado a esas formaciones. También ha utilizado el término “vendepatrias” para referirse a quienes, a su juicio, subordinan el bienestar de la población a esos intereses económicos.
La intervención de Bustinduy ha situado el debate en torno a quién debe asumir los costes de la crisis de vivienda y qué protección corresponde ofrecer a los inquilinos. El ministro ha defendido la regulación impulsada desde su espacio político, mientras los grupos que habían anunciado su rechazo han mantenido el voto contrario.
El resultado ha frustrado una de las principales demandas trasladadas por el Sindicato de Inquilinas al Ejecutivo: garantizar una mayor continuidad de los alquileres una vez agotada la duración inicial de los contratos.
Qué contemplaba el decreto de alquileres
La norma rechazada establecía que, una vez transcurridos como mínimo cinco años de contrato, o siete si el arrendador era una persona jurídica, el alquiler se prorrogaría obligatoriamente por periodos sucesivos de cinco o siete años, respectivamente.
El objetivo de esa regulación era evitar que el vencimiento del contrato implicase por sí mismo el final del arrendamiento. El decreto añadía una compensación económica cuando el propietario decidiese no continuar: una cantidad equivalente, como mínimo, a doce mensualidades de la renta de una vivienda de características similares.
La indemnización no se aplicaba en todos los supuestos. Entre las excepciones figuraba que el propietario, siendo persona física, necesitase la vivienda para sí mismo o para familiares de segundo grado.
También quedaban excluidos los casos en los que el inquilino no hubiese habitado el inmueble durante más de seis meses de los doce anteriores a la notificación o dispusiese de otra vivienda apta en el mismo municipio.
Tampoco procedería el pago si ambas partes suscribían un nuevo contrato o si el arrendatario rechazaba una oferta fehaciente de renovación que reuniese las condiciones previstas en la norma.
El decreto mantenía además las prórrogas extraordinarias por vulnerabilidad social y económica, que podían alcanzar un año, y las correspondientes a viviendas situadas en zonas de mercado residencial tensionado, de hasta tres años. Estas últimas tendrían preferencia sobre otras prórrogas extraordinarias contempladas por la ley.
La derogación deja sin continuidad las modificaciones recogidas en el texto. Lo mismo sucede con las nuevas medidas del primer decreto, entre ellas la protección frente a los desahucios hasta 2030 que el Gobierno había defendido en la Cámara.
Núñez Feijóo
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de actuar con "cálculo electoral" en materia de vivienda porque, según ha dicho, los dos decretos que se han rechazado en el Congreso no habrían "ayudado a Maricarmen ni a nadie". Dicho esto, le ha retado a convocar ya elecciones para que los ciudadanos puedan pronunciarse en las urnas.
"Si necesita un relato para convocar elecciones, adelante. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa en el Congreso después de que el Pleno del Congreso haya tumbado los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros.
En este sentido, y ante las informaciones que apuntan a la posibilidad de que los comicios sean el 29 de noviembre, Feijóo le ha aconsejado que no aguante más la fecha ante la eventualidad de "pillar a la oposición desprevenida".
"Estoy listo, estamos preparados. Por mi, que convoque cuando quiera", ha manifestado, para añadir que "hoy se ha acreditado que Sánchez y su Gobierno no tienen ni las Cortes ni la calle, ni el Parlamento ni el pueblo".
Rufián reclama “cabeza fría” ante el adelanto electoral
La posibilidad de unas elecciones anticipadas ha provocado advertencias también entre los grupos que han respaldado los decretos. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha pedido a Sánchez que actúe con “cabeza fría” antes de decidir una disolución de las Cortes.
Rufián ha planteado sus reservas tanto antes como después del pleno. A su llegada al Congreso, preguntado por la posibilidad de acudir a las urnas si se rechazaba el decreto contra los desahucios, ha advertido de las dificultades del PSOE para sumar con las fuerzas situadas a su izquierda.
Su mensaje ha combinado el reproche a Junts por el rechazo de los textos con una llamada a la prudencia al Gobierno. Para el portavoz republicano, la respuesta a esta derrota debe tener en cuenta la situación electoral del conjunto de la izquierda.
Tras las votaciones, ha insistido en que hay muchas personas de izquierdas que no quieren votar al PSOE y que, según su diagnóstico, no encuentran otra opción a la que apoyar.
“No hay nada a la izquierda del PSOE votable”, ha afirmado.
Rufián ha dicho entender la reacción que puede suscitar el enfrentamiento con la derecha, pero ha reclamado que esa valoración no sustituya al análisis de las consecuencias de unas elecciones. Su advertencia incorpora otro elemento a la decisión pendiente de Sánchez: la capacidad de las fuerzas que han apoyado al Gobierno para volver a reunir una mayoría.
De las votaciones en silencio a los gritos de huelga general
En el exterior del Congreso, la jornada ha tenido su propio recorrido. Cientos de manifestantes han permanecido durante la mañana cerca de la Cámara para reclamar la aprobación de los decretos y seguir el debate.
Durante la votación del primer texto se han sentado y han escuchado en silencio, desde sus teléfonos, cómo cada diputado expresaba su posición. Al conocerse el rechazo, han comenzado los abucheos y los gritos de “vergüenza”. Algunas personas han llorado.
“Sus beneficios, nuestra miseria” ha sido una de las consignas coreadas antes de emprender el regreso hacia la Puerta del Sol. También han reivindicado que “la lucha está en la calle, no en los ministerios”.
Los manifestantes, en su mayoría estudiantes, han descendido por la carrera de San Jerónimo agitando llaves y levantando pancartas. Su destino ha sido la acampada de Sol, desde donde han vuelto a reclamar una huelga general.
Carlos, portavoz del movimiento juvenil Contracorriente, ha defendido en declaraciones a Europa Press la expropiación de las viviendas propiedad de fondos buitre. Desde la movilización han expresado su voluntad de seguir protestando tras el resultado parlamentario.
La caída de los decretos deja así abierta también la respuesta de los colectivos de vivienda. La reclamación de una huelga general ha partido de los manifestantes; la jornada no ha concluido con una convocatoria formal de ese paro.
Abascal acusa al Gobierno de desviar la atención hacia la vivienda
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ofrecido una interpretación distinta al término del pleno. Ha acusado al Gobierno de utilizar el problema de la vivienda para desviar la atención de Ceuta y de los presuntos casos de corrupción.
Según Abascal, el Ejecutivo ha perjudicado con sus pactos la construcción de viviendas y ha contribuido al incremento de los alquileres y del precio de las casas. El dirigente ha rechazado el enfoque del Gobierno y ha vinculado el protagonismo adquirido por los desahucios a una estrategia política de Sánchez.
“En España hay desahucios desde hace mucho tiempo”, ha afirmado, antes de sostener que el asunto se ha situado ahora en el centro del debate para “tapar” otras cuestiones.
Sus declaraciones han prolongado fuera del hemiciclo el enfrentamiento de la sesión. Mientras Sánchez y Bustinduy han presentado los decretos como una respuesta necesaria a la crisis de vivienda, Abascal ha acusado al Ejecutivo de instrumentalizarla.
Tras el pleno, los dos textos están derogados y las protestas continúan. La siguiente decisión política corresponde a Sánchez, que afronta el fin de semana con una doble derrota parlamentaria y con la posibilidad de un adelanto electoral sobre la mesa. El 29 de noviembre es una fecha posible; la convocatoria sigue pendiente.
Añadir La Portada de Extremadura como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.