La huelga general por la crisis de la vivienda ya tiene fecha: 11 de noviembre. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha confirmado este miércoles en TVE que su sindicato y CCOO han acordado esa jornada para una movilización que busca reclamar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda.
El acuerdo con el Sindicato de Inquilinas y las demás organizaciones que quieren participar en la convocatoria está pendiente de cerrarse en una reunión prevista para las 19.00 horas de este miércoles. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas también ha confirmado que el 11 de noviembre era la fecha que iba a plantear en ese encuentro.
La protesta, anunciada el pasado lunes por las dos centrales sindicales, tendrá una duración de 24 horas. Su convocatoria se produce después de que el Congreso rechazara el pasado viernes los dos reales decretos-leyes sobre vivienda, que el Consejo de Ministros volvió a aprobar este martes con modificaciones.
La vivienda se come las subidas salariales
Álvarez ha situado el coste de la vivienda en el centro de la convocatoria. Según ha explicado, las mejoras salariales pactadas en los convenios pierden capacidad para aliviar la economía de los trabajadores cuando los alquileres absorben esos incrementos.
El dirigente de UGT ha reclamado medidas para frenar la especulación y evitar aumentos de las rentas que resulten inasumibles para los inquilinos. También ha pedido legislar para sacar a los denominados «fondos buitre» de la especulación inmobiliaria.
La movilización, ha señalado, interpela tanto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, por sus competencias en vivienda, como al Gobierno central, por su responsabilidad legislativa.
Álvarez ha defendido además que las empresas deberían sumarse a esta reivindicación. Ha argumentado que la dificultad para encontrar una vivienda con los salarios actuales también perjudica a los negocios que necesitan contratar trabajadores en las zonas más tensionadas.
Choque con la patronal a las puertas de las elecciones
El paro llegará antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y será la primera huelga general convocada por CCOO y UGT desde 2012, así como la primera durante los gobiernos de Pedro Sánchez.
La convocatoria ha provocado el rechazo de la patronal. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera que responde a un trasfondo político y electoral y ha cuestionado que sus motivos sean laborales, planteando que podría ser ilegal. CSIF también ha anunciado que no secundará la protesta, en la que aprecia motivaciones políticas.
Frente a esas críticas, Álvarez ha defendido que la huelga es «absolutamente constitucional» y que las reivindicaciones de los trabajadores abarcan cuestiones que afectan a sus condiciones de vida, más allá de la negociación con las empresas.
Mientras se concreta la convocatoria, los dos decretos sobre vivienda aprobados de nuevo por el Gobierno quedan pendientes de convalidación. Tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral, esa decisión corresponde a la Diputación Permanente.
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