Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El juez Juan Carlos Peinado ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio oral, con el que pone fin a la fase de instrucción de esta parte de la causa.
También irá a juicio Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa, aunque en su caso únicamente por un presunto delito de malversación. La causa será remitida ahora a la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá continuar la tramitación y fijar posteriormente la fecha del juicio.
La resolución llega después de que la Audiencia Provincial corrigiera parcialmente una primera decisión de Peinado. El tribunal mantuvo el procesamiento de Gómez por tráfico de influencias y malversación, pero dejó fuera de este procedimiento otros dos delitos y ordenó levantar las medidas cautelares que había acordado el instructor.
Peinado no impone ahora fianza ni nuevas medidas cautelares a las acusadas, aunque les obliga a permanecer a disposición de la Justicia y comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero.
La cátedra de la Complutense y el papel de la asesora
La acusación que llegará a juicio gira fundamentalmente alrededor de la actividad desarrollada por Gómez en la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid y del uso que presuntamente se hizo de recursos públicos.
En el caso de la malversación atribuida a Gómez, el juez distingue dos vertientes: la supuesta utilización para fines privados del trabajo de una empleada pública y el destino dado al «software» desarrollado dentro de la cátedra que codirigía.
Respecto a Cristina Álvarez, Peinado considera que existen indicios para que sea juzgada como cooperadora necesaria de la presunta malversación relacionada con ese programa informático.
La Universidad Complutense reclama 113.509,32 euros por el perjuicio que sostiene que le ocasionó el desarrollo del «software». El juez ha acordado además investigar la capacidad económica de Gómez y ha pedido a la Agencia Tributaria sus cinco últimas declaraciones del IRPF ante las eventuales responsabilidades económicas que pudieran derivarse del procedimiento.
Peinado sostiene que existió un «acceso privilegiado»
Sobre el presunto tráfico de influencias, el instructor sostiene que Gómez habría utilizado su proximidad al presidente del Gobierno para favorecer su actividad profesional y conseguir una interlocución singular con responsables de la universidad, empresas patrocinadoras y entidades vinculadas al sector tecnológico.
Según la tesis recogida en el auto, esa posición habría facilitado apoyos y colaboraciones para la creación y desarrollo de la cátedra y de los proyectos relacionados con ella. Se trata de los indicios apreciados por el instructor y que deberán ser examinados durante el juicio.
Peinado vuelve a señalar también que, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018, aprecia un «cambio radical» en la trayectoria profesional de Gómez. El magistrado relaciona esta circunstancia con su posterior incorporación al IE Africa Center y con los proyectos desarrollados posteriormente en la Complutense.
La Audiencia Provincial de Madrid ya había considerado que existían indicios suficientes para llevar a juicio a Gómez tanto por su actividad relacionada con la cátedra como por la supuesta intermediación en favor del empresario Juan Carlos Barrabés. En el caso de este último, la investigación sobre las adjudicaciones de contratos públicos continuará por separado.
La acusación pide 13 años y la Fiscalía, la absolución
La acusación popular unificada, encabezada por Hazte Oír, solicita 13 años de prisión para Begoña Gómez y seis para Cristina Álvarez.
La Fiscalía y las defensas mantienen la posición contraria y reclaman la absolución de ambas.
El auto dictado este lunes supone el cierre de la instrucción de esta pieza y abre la fase que desembocará en el juicio ante un tribunal formado por ciudadanos y presidido por un magistrado. Será en ese procedimiento donde se practiquen las pruebas y se determine si existe responsabilidad penal por los hechos que han superado la fase de investigación.
Añadir La Portada de Extremadura como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.