La Audiencia Nacional investigará la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a finales del pasado mes de julio. La jueza María Tardón ha decidido asumir la competencia sobre una causa en la que aprecia, de manera provisional, indicios de una actuación organizada y una «gestión favorecedora» desde territorio marroquí, además de una posible afectación grave a la integridad territorial española.
La decisión supone elevar la investigación sobre aquellos acontecimientos más allá de las entradas irregulares registradas durante las jornadas del 30 y 31 de julio. La magistrada considera que existen elementos suficientes para estudiar si detrás de lo ocurrido hubo planificación, coordinación y participación de diferentes actores, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad de Marruecos.
La Audiencia Nacional investigará posibles delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, organización criminal y su posible conexión con 83 fallecimientos registrados hasta el momento en aguas españolas, que se investigan como homicidios imprudentes.
Tardón ha reclamado además a los juzgados de Ceuta que remitan las diligencias que hayan abierto en relación con las muertes vinculadas a la entrada masiva.
Una investigación que apunta más allá de un movimiento espontáneo
La causa se inició después de una denuncia presentada por Iustitia Europa. Antes de decidir si correspondía a la Audiencia Nacional asumir la investigación, la magistrada solicitó el criterio de la Fiscalía, que se pronunció favorablemente al considerar que los principales efectos de los hechos se produjeron en territorio español y que el tribunal dispone de competencias para investigar fenómenos criminales de especial complejidad.
Una de las piezas fundamentales de la investigación será el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional. Sus conclusiones descartan, según recoge el auto, que lo sucedido pueda explicarse únicamente como una concentración ocasional o espontánea de personas que pretendían alcanzar España.
El documento policial apunta a un proceso organizado en el que la migración habría servido como cobertura y recoge indicios de un supuesto «guiado activo» de personas hacia la frontera por parte de agentes marroquíes.
La Policía había emitido además el 29 de julio, apenas un día antes de comenzar los acontecimientos, una alerta ante el riesgo extremo de que se produjera una entrada coordinada mediante personas que intentaran alcanzar Ceuta a nado y otras que trataran de superar simultáneamente el perímetro fronterizo.
Cinco niveles de organización
La jueza establece provisionalmente cinco niveles dentro de la estructura que habría hecho posible la llegada masiva.
En el primero sitúa a las personas que participaron directamente en las entradas; en el segundo, a quienes difundieron mensajes a través de las redes sociales para fomentar la movilización; y en un tercer escalón aparecen quienes habrían organizado y canalizado el flujo, donde el auto alude a agentes marroquíes.
Por encima se encontrarían otros dos niveles relacionados con la planificación y la dirección de la operación, cuya posible composición deberá determinar ahora la investigación.
La magistrada considera que una actuación de esas características exigiría capacidad para influir en las redes sociales, conexiones con personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes y la intervención de actores con experiencia y capacidad suficiente para planificar una operación de esa magnitud.
La actuación de los agentes marroquíes
Uno de los aspectos sobre los que más incide el auto es el comportamiento observado en las inmediaciones de la frontera durante las jornadas de mayor presión.
La documentación policial incorpora fotografías y vídeos sobre la actuación de miembros uniformados de las fuerzas de seguridad de Marruecos. A partir de ese material, la instructora aprecia no solo una posible permisividad, sino comportamientos que podrían haber facilitado el desplazamiento de personas hacia territorio español.
Según expone la resolución, durante los días 30 y 31 de julio no se habrían observado intentos suficientemente efectivos para dispersar o alejar a las concentraciones del perímetro fronterizo. Las imágenes mostrarían además a algunos agentes realizando indicaciones a personas que posteriormente cruzaron irregularmente la frontera.
La investigación también pone el foco sobre la posible existencia de personas sin uniforme que habrían actuado como dinamizadores de los grupos.
«Violación masiva» de la soberanía territorial
La jueza considera que las sucesivas oleadas terminaron desbordando la capacidad del sistema español de vigilancia y control de la frontera y provocaron lo que califica, siguiendo las conclusiones policiales, como una «violación masiva de la soberanía territorial de España».
Los efectos, sostiene, no quedaron limitados al ámbito fronterizo. La llegada masiva repercutió sobre los dispositivos de seguridad, la asistencia sanitaria, los servicios sociales y otros recursos públicos de Ceuta, además de generar consecuencias políticas, internacionales y geoestratégicas.
Especial preocupación muestra la resolución por las circunstancias en las que numerosas personas fueron conducidas hacia el mar. La magistrada destaca el riesgo al que quedaron expuestas personas especialmente vulnerables, algunas de las cuales se lanzaron al agua sin preparación ni medios adecuados para garantizar su seguridad.
La dimensión de lo sucedido lleva a Tardón a señalar como hipótesis investigadora el empleo de los movimientos migratorios como instrumento propio de escenarios de «guerra híbrida» o «zona gris», destinados a generar presión y alterar el funcionamiento ordinario de un Estado.
La investigación tendrá una parte secreta
La magistrada ha acordado que determinadas diligencias puedan permanecer bajo secreto parcial cuando su conocimiento por las partes pueda comprometer su ejecución. La Fiscalía sí tendrá acceso a esas actuaciones.
En la causa han sido admitidos como acusaciones populares, entre otros, PP, Vox, Iustitia Europa y Hazte Oír, aunque la jueza les ha ordenado coordinarse y agruparse bajo una misma representación.
La investigación entra ahora en una nueva fase bajo la dirección de la Audiencia Nacional y deberá determinar quiénes participaron en los distintos niveles descritos por la Policía, hasta dónde llegó la posible organización de los acontecimientos y qué responsabilidad, en su caso, tuvieron personas vinculadas a las fuerzas de seguridad o a otras instituciones marroquíes.
Las apreciaciones recogidas en el auto tienen por ahora carácter provisional y deberán ser acreditadas durante la instrucción.
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