Las principales asociaciones ecologistas de España han expresado su satisfacción después de que el Congreso de los Diputados rechazara una enmienda presentada por el PP que buscaba extender la vida útil de las centrales nucleares de Almaraz, Cofrentes y Ascó. No obstante, han aprovechado la ocasión para instar al Gobierno a reafirmar el calendario de cierre previamente acordado en 2019 entre las empresas propietarias de las centrales y Enresa.
Juan Carlos Atienza, responsable de la Unidad de Incidencia para una Transición Verde, ha calificado como positivo el rechazo a la enmienda del PP. Sin embargo, ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que decisiones de gran impacto ambiental dependan de un margen de votos tan estrecho. En sus declaraciones a Europa Press, Atienza criticó que estos asuntos se aborden mediante "procedimientos que no permiten la participación de la ciudadanía en asuntos de tanto impacto".
Además, Atienza enfatizó la necesidad de un mayor consenso entre las diferentes fuerzas políticas en temas que considera estratégicos para el futuro de España. "La transición ecológica requiere un pacto de Estado que garantice mínimos estables y duraderos, con independencia de los gobiernos", aseveró.
Greenpeace celebra el resultado pero pide firmeza
Greenpeace también se unió a las celebraciones tras el rechazo a la enmienda del PP. La organización ecologista considera esta votación como una victoria importante, aunque la percibe como un paso más en "una larga lucha" por mantener el calendario de cierre nuclear establecido. Por ello, instan al Gobierno a mantenerse "firme" en su postura.
Francisco del Pozo, responsable de la Campaña de energías fósiles y nuclear de Greenpeace, declaró: "Es hora de obligar a que la industria nuclear abandone esta absurda batalla y asuma la única decisión responsable: realizar de manera segura y ordenada el cierre definitivo de los reactores".
Movimiento Ibérico Antinuclear advierte sobre almaraz
Cristina Roig, portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear y de Ecologistas en Acción, también expresó su satisfacción por el resultado de la votación. En sus declaraciones a Europa Press, Roig se centró en el impacto que una posible prórroga de la central de Almaraz podría tener en el desarrollo de las energías renovables en España. En este sentido, reiteró su petición al Gobierno para que no se conceda dicha prórroga.
Roig advirtió que la central extremeña podría convertirse en la "bola de billar" que retrase el cierre del resto de las centrales nucleares, argumentando que en 2030 –fecha hasta la que Almaraz estaría operativa si se aprobara la prórroga– también está previsto el cierre de Cofrentes y Ascó I.
Alianza Verde exige ratificar el calendario
Por su parte, Alianza Verde ha calificado de "artimañana" la estrategia del PP de introducir la enmienda en la Ley de Movilidad Sostenible. La formación política ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que ratifique el calendario de cierre nuclear tras el rechazo de la enmienda en el Congreso.
Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, ha señalado: "La política energética del gobierno no puede quedar abierta a los deseos de las grandes empresas, o a las artimañas del PP. Exigimos contundencia para que algo así no vuelva a pasar. Y lo primero que hay que hacer es cerrar Almaraz".
Implicaciones del rechazo a la enmienda
El rechazo a la enmienda del PP en el Congreso representa un respiro para las organizaciones ecologistas, que ven en la energía nuclear un riesgo para el medio ambiente y apuestan por una transición hacia fuentes de energía renovables. Sin embargo, la insistencia en la ratificación del calendario de cierre nuclear demuestra la desconfianza existente hacia posibles cambios de postura por parte del Gobierno o presiones de la industria nuclear.
- Celebración del rechazo a la prórroga nuclear.
- Urgencia al Gobierno para mantener el calendario de cierre.
- Advertencia sobre el impacto de la prórroga de Almaraz en las renovables.
La situación actual exige un debate profundo y una planificación estratégica que involucre a todos los actores relevantes, desde los partidos políticos hasta las organizaciones ecologistas y la ciudadanía, para garantizar una transición energética justa y sostenible en España.