Telefónica ha trasladado este lunes a los sindicatos que pondrá en marcha procesos de despido colectivo en siete de sus empresas en España, una decisión que anticipa un nuevo ciclo de reestructuración interna en plena aplicación de su plan estratégico. La compañía, sin embargo, ha evitado por ahora ofrecer cualquier cifra sobre el volumen de empleados que podría verse afectado, según confirman fuentes sindicales conocedoras de la reunión.
Los expedientes se activarán en las tres compañías que conforman el núcleo de la operadora en el mercado español —Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones—, así como en otras cuatro sociedades: Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+. De acuerdo con UGT, será en los encuentros fijados para los días 24 y 25 de este mes cuando la empresa empiece a detallar el alcance real de los ajustes y el perfil de las plantillas implicadas.
La decisión se produce en un contexto en el que Telefónica busca acelerar su transformación interna. Su nuevo plan estratégico prevé una reducción del 25% en los costes operativos del área corporativa y de las unidades globales —Telefónica Tech, Telefónica Infra y la división de Innovación—, un recorte que el grupo cifra en unos 2.010 millones de euros de aquí al año 2030. La comunicación de los ERE pone en marcha el calendario formal: una semana para constituir las mesas de negociación y, a partir de ahí, el desarrollo de los expedientes.
Según las mismas fuentes sindicales, la compañía ha descartado recurrir al Plan de Suspensión Individual (PSI), una fórmula que empleó otros años, porque los despidos colectivos ofrecen un marco más sólido desde el punto de vista legal y fiscal tanto para la empresa como para los empleados implicados.
El anuncio ha generado malestar entre las organizaciones sindicales. UGT ha criticado que la empresa vuelva a optar por recortar plantilla como mecanismo de reorganización y ha insistido en que la voluntariedad debe ser el eje de cualquier salida. El sindicato plantea utilizar como base el modelo pactado en 2024 para las tres principales empresas del grupo en España, un proceso en el que se marcharon más de 3.400 trabajadores y que sirvió de referencia para un acuerdo con amplio respaldo en plantilla.
Además, UGT reclama la apertura inmediata de las negociaciones de todos los convenios colectivos. Exige que su vigencia se extienda, como mínimo, hasta 2030 para garantizar estabilidad laboral, coherencia con los objetivos de la compañía y protección de los derechos de quienes permanezcan en la empresa tras la reestructuración. La organización considera imprescindible que cualquier ajuste venga acompañado de un marco regulador que dé certidumbre a los empleados.
CCOO comparte la preocupación y ha adelantado que estará “en primera línea” de la negociación. El sindicato subraya que será “indispensable” mantener e incluso reforzar las condiciones laborales de las personas que continúen en la compañía, un aspecto que considera clave para evitar un deterioro del empleo y del clima laboral. Al igual que UGT, apuesta por convenios alineados con el horizonte temporal del plan estratégico.
El Gobierno
Desde el Gobierno, el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha señalado que cualquier medida de este calado debe contar con el aval de la representación social. López ha insistido en que decisiones de esta envergadura solo pueden tomarse en un marco de diálogo y consenso con los sindicatos.
Por ahora, la incertidumbre domina el proceso: ni sindicatos ni plantilla conocen la magnitud del ajuste, y el mercado permanecerá atento a las cifras que la compañía revelará en los próximos días. Entre tanto, las organizaciones sindicales se preparan para una negociación compleja, mientras Telefónica encara uno de los mayores movimientos internos de los últimos años dentro de su plan de transformación hasta 2030.