La Audiencia Provincial de Badajoz ha anunciado la fecha para el juicio oral que involucra a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura. El juicio se llevará a cabo del 9 al 14 de febrero de 2026.
Esta decisión judicial responde a las investigaciones sobre la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, un caso que ha generado considerable atención mediática y política.
Según la diligencia de señalamiento emitida por la Audiencia Provincial, el juicio se desarrollará conforme al artículo 785.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo establece los procedimientos para la programación y desarrollo de juicios orales, asegurando que se cumplan los plazos y criterios establecidos por la ley.
La diligencia especifica que, “conforme lo dispuesto en el artículo 785.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y teniendo en cuenta los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones fijadas, se señala para el inicio de las sesiones del juicio oral del día 9 al 14 de febrero de 2026”.
Horario de las sesiones
Las sesiones del juicio oral están programadas para comenzar a las 10:00 horas. Además, se ha previsto la posibilidad de extender el horario por las tardes, a partir de las 17:00 horas, en caso de que sea necesario para el desarrollo adecuado del proceso. El juicio tendrá lugar en la sede de la Audiencia Provincial de Badajoz.
Este juicio ha suscitado un gran interés debido a la implicación de figuras prominentes tanto en el ámbito político como familiar del presidente del Gobierno. Las acusaciones giran en torno a presuntas irregularidades en la contratación relacionada con la Oficina de Artes Escénicas, lo que ha generado un debate sobre la transparencia y legalidad en la gestión de fondos públicos.
Reacciones y expectativas
Se espera que el juicio atraiga una considerable atención mediática, con periodistas y analistas siguiendo de cerca el desarrollo de las sesiones. Las reacciones políticas no se han hecho esperar, con diferentes partidos expresando sus opiniones sobre el caso y sus posibles implicaciones.
La defensa de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo previsiblemente buscará demostrar que las contrataciones se realizaron dentro del marco legal y que no existió ninguna irregularidad. Por su parte, la acusación intentará probar lo contrario, presentando pruebas y testimonios que respalden sus acusaciones.
A medida que se acerca la fecha del juicio, todas las partes involucradas se preparan para presentar sus argumentos y pruebas ante el tribunal. La decisión final de la Audiencia Provincial de Badajoz tendrá un impacto significativo tanto en los acusados como en el panorama político regional y nacional.