El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la licitación, por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de un contrato esencial para la conservación y el mantenimiento de las carreteras estatales en la provincia de Badajoz. Con una inversión estimada de 22,9 millones de euros (sin IVA), esta iniciativa busca garantizar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de la red viaria.
Este contrato, con una duración inicial de tres años, ofrece la posibilidad de prórroga por dos años adicionales, e incluso una extensión máxima de nueve meses. Se centra en la mejora continua de las condiciones de circulación y la accesibilidad para todos los ciudadanos. El acuerdo incluye medidas específicas para impulsar la eficiencia energética y la reducción de emisiones de carbono, reafirmando el compromiso del ministerio con el medio ambiente.
Detalles del contrato de conservación
El contrato abarca una extensión de 168,497 kilómetros del sector nº02 de la provincia de Badajoz, incluyendo 82,1 kilómetros de autovía. Las carreteras incluidas en este acuerdo son:
- Autovía A-66: Dos tramos comprendidos entre el límite provincial con Cáceres (km 598) y el acceso norte a Mérida (km 617), y entre el acceso sur de Mérida (km 625) y Zafra (km 687), además de aproximadamente 15 km de vías de servicio.
- Carretera N-630: Tres tramos que discurren entre el límite provincial con Cáceres (km 598) y el acceso norte a Mérida (km 618); entre el acceso sur a Mérida (km 625) y el acceso norte a Almendralejo (km 647); y entre el acceso sur a Almendralejo (km 652) y Zafra (km 684).
Adicionalmente, el contrato contempla la rehabilitación superficial del firme de la autovía 'Ruta de la Plata' A-66, específicamente entre los kilómetros 659,567 y 665,400, en el tramo que conecta Almendralejo con Villafranca de los Barros.
Objetivos de reducción de emisiones
Dentro de la estrategia para disminuir las emisiones y mejorar la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado (RCE) incluyen objetivos ambiciosos de mitigación y compensación de la huella de carbono. Esto implica que las empresas licitadoras deben calcular y presentar en sus ofertas la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
Desde 2022, se han implementado medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, ahorro energético en la iluminación y la adopción de vehículos eléctricos. Además, desde 2023, se valora el compromiso de las empresas a presentar, en los primeros seis meses del contrato, un plan de descarbonización con el objetivo de alcanzar un balance neutro de carbono en un plazo de cinco años desde el inicio del contrato.
La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de descarbonización, donde la compensación se podrá realizar a través de proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o mediante otras opciones equivalentes. El objetivo es reducir 71.640 toneladas de CO2 anuales, cifra estimada por la Dirección General de Carreteras como la generada por el funcionamiento y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado.
Características del modelo de conservación
El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la conservación y explotación busca ofrecer un servicio integral de movilidad, mejorar el estado de las carreteras y optimizar los recursos públicos. A través de estos contratos, se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria para asegurar que la infraestructura y sus elementos funcionales mantengan las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles.
Las actuaciones incluyen la gestión de información del estado de las carreteras, la ayuda a la explotación, estudios de seguridad vial y el mantenimiento de los elementos de la carretera con altos niveles de calidad. Según fuentes del Ministerio de Transportes, estas medidas garantizan una “mejora continua de la red viaria y un compromiso firme con la sostenibilidad y la seguridad de los usuarios”.