El juicio contra Álvaro García Ortiz entra hoy en uno de sus momentos decisivos: el fiscal general del Estado prestará declaración en el Tribunal Supremo por la supuesta revelación de secretos que habría perjudicado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El proceso, iniciado el 3 de noviembre, toca su recta final y la vista concluirá mañana.
Hasta ahora, García Ortiz solo ha tomado la palabra al inicio del juicio para rechazar las imputaciones. Desde entonces ha seguido las sesiones desde el estrado, con toga y bolígrafo en mano, apuntando y pasando notas a su letrado en pequeños post-it. Sus movimientos han traicionado el nervio del acusado: en una de las sesiones se llevó las manos a la cabeza al escuchar el testimonio de González Amador, que aseguró sentirse “muerto” profesionalmente después de la difusión de los correos.
En la instrucción, el fiscal negó de forma reiterada haber filtrado la denuncia, el expediente tributario o cualquier correo ligado al caso. Aportó además una explicación habitual en su defensa: borra “absolutamente todo” el contenido de su teléfono por razones de seguridad, práctica que atribuye a obligaciones derivadas de su cargo y que le ha llevado, dijo, a cambiar de terminal hasta seis veces desde que asumió la Secretaría Técnica de la Fiscalía General.
Rechaza que hubiera animadversión
García Ortiz rechaza que hubiera animadversión contra González Amador por su vínculo con Díaz Ayuso, aunque admitió que falló al no comunicar públicamente la investigación desde el primer día en que la conoció, el 7 de marzo de 2024. Defiende que la nota de prensa difundida la mañana del 14 de marzo pretendía corregir informaciones que consideró erróneas y proteger, en paralelo, la imagen institucional.
Una parte importante de su batería defensiva procede del cruce de testimonios mediáticos. Periodistas de distintos medios aseguraron conocer las negociaciones sobre un posible acuerdo entre la defensa de González Amador y Fiscalía antes o al mismo tiempo que el equipo del fiscal general; entre ellos, Miguel Ángel Campos afirmó haber visto el correo clave horas antes de que llegara al buzón personal de García Ortiz. Al mismo tiempo, varios fiscales consultados han avalado la legalidad de sus decisiones —recabar correos, usar cuentas personales, borrar dispositivos— mientras que la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, manifestó haber avisado del riesgo de filtraciones y haber preguntado directamente si los correos habían sido difundidos.
Hoy también testificarán once agentes de la Unidad Central Operativa, incluidos los que participaron en los registros del 30 de octubre de 2024 en los despachos del fiscal y de Pilar Rodríguez, finalmente apartada de la causa por haber actuado supuestamente bajo órdenes. Los técnicos que han volcado dispositivos electrónicos sostienen que los mensajes relevantes fueron eliminados, y un informe pericial vincula a García Ortiz con una “participación preeminente” en la filtración, clave para la acusación.
En juego están penas que suman hasta seis años de prisión, doce de inhabilitación y una sanción económica que supera los 400.000 euros.