La Guardia Civil ha arrestado este martes al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), así como al vicepresidente provincial, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos pertenecientes al PP. Las detenciones se enmarcan en la investigación del denominado caso ‘Mascarillas’, que analiza supuestas irregularidades en la contratación urgente de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia.
Según han indicado fuentes del caso, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han actuado bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que mantiene abiertas diligencias para esclarecer si se produjeron comisiones ilegales en la adjudicación de suministros como mascarillas, guantes y equipos de protección individual.
Registros en la sede de la Diputación
La operación ha comenzado a primera hora de la mañana, cuando los agentes han accedido al Palacio Provincial para inspeccionar despachos de la Presidencia y revisar equipos informáticos. El registro se ha realizado en cumplimiento de un auto judicial firmado por la magistrada María Belén López, que también ha autorizado actuaciones en viviendas relacionadas con los investigados.
El foco de la investigación apunta a un contrato tramitado por vía de emergencia en abril de 2020, valorado en 2.036.186 euros, cuyo coste real para la institución provincial, según las pesquisas, no habría alcanzado el millón. Estas diferencias económicas han activado las alarmas sobre un posible cobro de “mordidas”.
Una causa con más de una veintena de investigados
La instrucción del caso se remonta a junio de 2021, cuando la UCO llevó a cabo un primer registro en las dependencias del Área de Fomento de la Diputación. Entonces fue detenido el exdiputado provincial Óscar Liria, posteriormente enviado a prisión provisional, tras detectarse su vínculo con la empresa Azor Corporate Ibérica, adjudicataria del suministro de 500.000 mascarillas, guantes y monos de protección.
En aquella intervención también se incautó documentación relativa a otros contratos de obras vinculados a la empresa Pulconar, cuyo administrador, Kilian L. S., figura igualmente entre los investigados por su supuesta intermediación entre Liria y las compañías proveedoras.
Actualmente, la causa mantiene 14 personas y siete empresas bajo investigación judicial. En octubre, el PSOE solicitó que el presidente provincial declarara como testigo, al detectar “incongruencias” entre diferentes testimonios recogidos por la UCO.